La fuerza ciudadana es vital como revulsivo político: la presión, la crítica y las marchas de ayer en defensa del Instituto Nacional Electoral pueden ser un muro inigualable para frenar los proyectos regresivos de un presidente autocrático.

En un país donde los grupos de poder suelen regirse bajo la cínica premisa de que en política no importa quién tenga la razón sino quien controla la mayoría, es importante mantener la observancia ciudadana sobre quienes toman las grandes decisiones, como son gobernantes, jueces, dirigentes de partidos y parlamentarios.

La iniciativa presidencial para desmantelar el INE y dar paso a un remedo de árbitro electoral requiere como nunca miles de ojos sobre nuestros políticos, especialmente sobre los legisladores, cuyo voto en la Cámara de Diputados y el Senado avalará o rechazará el delirante proyecto de López Obrador.

Por paradójico que parezca, la aprobación no dependerá del presidente ni de su partido, pues Morena ni con el apoyo del PT y del PVEM podría alcanzar la mayoría calificada para avalar la reforma constitucional del Ejecutivo. La decisión recaerá en manos ajenas, porque serán los diputados y senadores priistas —hoy sumidos en una oscura indefinición— quienes determinarán el rumbo de la democracia en México, no de una iniciativa.

No hay medias tintas: o apoyan al INE o desbaratan el sistema de partidos.

Compañero de viaje

A diferencia del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el PRI no se ha comprometido a defender al Instituto. Sumido en un mar de ambigüedades, sobrelleva bajo la mesa negociaciones con la cuarta transformación. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no ha querido dejar dudas de quién podría ser su principal compañero de viaje en este proceso: “Si me preguntan que si (el proyecto de reforma) lo estamos construyendo con el PRI, sí”, dijo hace unos días.

Forjado tras décadas de lucha ciudadana para tener comicios libres y equitativos bajo un arbitraje independiente, el futuro del INE depende hoy del coraje o la mansedumbre de los priistas.

El tema preocupa por una razón: asfixiados por denuncias de excesos y corrupción, los dirigentes nacionales del PRI están hoy en una situación de vulnerabilidad extrema frente al régimen lopezobradorista.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, es un político impresentable cuyo nivel ético y de inteligencia se resume en la celebridad de sus frases: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos; hay que matarlos de hambre”.

Es también un dirigente en descomposición investigado por presuntos actos de corrupción durante su periodo como Gobernador de Campeche. Al interior de su partido lo definen con un verbo: “Apesta”.

El otro dirigente fundamental en la vida del PRI no es mejor. Su nombre es Rubén Moreira, líder de la fracción legislativa del tricolor en la Cámara de Diputados. Su pasado lo persigue: como Gobernador de Coahuila, su administración pagó cientos de millones de pesos a empresas “fantasma”. El caso se mantiene en la más absoluta impunidad. Pareciera una moneda de cambio del régimen: impunidad a cambio de apoyo.

Ismael Ramos, su entonces Secretario de Finanzas, recientemente fue vinculado a proceso por el manejo irregular de 475 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero. Enfrenta un juicio por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Aliado sin par

Esa investigación y las indagatorias de las empresas “fantasma”, terminaron por convertir a Rubén en un aliado inmejorable de López Obrador. Al fin quebradizo, fue uno de los cuatros diputados priistas que en diciembre del 2019 se sumó a Morena para crear la Ley de Amnistía, y así liberar más de seis mil reclusos que cometieron delitos menores.

Diligente, ya en febrero y abril de ese año Moreira había apoyado la reforma de AMLO para crear la Guardia Nacional y el proyecto para desaparecer al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Sin pudor alguno, en julio del 2020 dio su voto a las reformas a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público para otorgarle al Gobierno la facultad de realizar compras de medicinas e insumos médicos en el extranjero sin licitación. Un aval a la opacidad y a la discrecionalidad.

Apoyado por “Alito”, apenas hace unas semanas también se plegó a la cuarta transformación y dio línea a su fracción para sacar adelante la iniciativa para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028.

Ni en la más dulce de sus siestas, López Obrador soñó en tener un operador tan eficiente en la Cámara de Diputados.

El miedo

“Negociemos siempre libres del miedo”, plateaba John F. Kennedy. Para “Alito” y Moreira la premisa es imposible. Por el contrario, a raíz de su pasado negocian desde el servilismo y el temor. El pánico a verse en una guerra frontal contra el régimen o en una cárcel como Rosario Robles, los paraliza; peor aún, los convierte en corderos del presidente.

Los tienen agarrados del cogote. De ahí las dudas y la incertidumbre sobre el papel que jugarán los dirigentes del PRI ante el acoso al INE. ¿Alguien cree que tendrán el coraje de oponerse al presidente antes que pensar en salvar su pellejo?

Veremos si ahora, cuando la maquinaria del Estado está en marcha para desaparecer al Instituto y quebrar el sistema electoral, los diputados y senadores priistas marcan distancia con sus “líderes” y son capaces de escuchar los gritos de democracia y libertad de la ciudadanía. No escuchar esas demandas sería un suicidio para el partido.

Al margen de sus dirigentes, los legisladores del tricolor tienen hoy la oportunidad de hacer acopio de dignidad y fortaleza para salvar la democracia. En ellos está el futuro del país. De ese tamaño es su responsabilidad.

Los cambios propuestos por López Obrador son inconcebibles, pero ahí están. La sociedad mexicana trazó ayer en las calles una línea muy clara en defensa del INE y la democracia. Veremos si los priistas están a la altura del momento histórico.