Coahuila no solo es campeón en deuda pública, también en esfumar recursos del erario. El Gobierno de Rubén Moreira Valdés distrajo 680 millones de pesos a empresas fantasma entre 2014 y 2017. La cifra supera en 205 millones de pesos a la denunciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Así lo revela el estudio Frontera de Papel: Desvío de Empresas Fantasma en el Norte de México, elaborado por el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), proyecto financiado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

El modelo se reprodujo en el primer año de gestión de Miguel Riquelme durante el cual se pagaron 43 millones 423 mil pesos, de acuerdo con la investigación de Miriam Ramírez, apoyada en la base de datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Una vez que el Gobierno del presidente López Obrador tipificó esa práctica como delito grave, las operaciones en Coahuila bajaron a 2 mil 300 pesos en 2019 y en algunos estados llegaron a cero.

El reportaje de Ramírez, de Iniciativa Sinaloa, advierte: “los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal”. El modelo de corrupción no es privativo de un solo partido o Gobierno. La investigación comprende las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes.

La Iniciativa Sinaloa, fundada en 2010, se identifica como “una organización civil apartidista y sin fines de lucro que trabaja por la transparencia y el combate a la corrupción”. Asimismo, pugna por “gobiernos abiertos y honestos”. Sinaloa es uno de los 15 estados donde el año próximo habrá elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales. El financiamiento del Border Hub procede de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). La red de informadores y medios de comunicación del ICFJ se dedica a “promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la frontera México-Estados Unidos”.

Cuatro de los gobernadores cuyas cuentas se revisaron –todas correspondientes al periodo 2014-2019– son del PRI: Egidio Torre (Tamaulipas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Rubén Moreira y Miguel Riquelme (Coahuila); tres del PAN: Francisco Javier García (Tamaulipas), Marcos Alberto Covarrubias y Carlos Mendoza (Baja California Sur) y uno independiente, Jaime Rodríguez (Nuevo León). En esas entidades y en 28 municipios –incluidos tres de Baja California, tres de Chihuahua y cuatro de Sonora– se canalizaron 2 mil 628 millones de pesos a empresas fachada, dice el estudio publicado el 8 de julio. Ese mismo día se entrevistaron en Washington los presidentes López Obrador y Donald Trump y en Florida fue detenido el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“Los recursos fueron desviados presuntamente a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, (…) cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, (…) compra de croquetas para perro (…)”. Una de las firmas todólogas de Coahuila –señaladas por la ASE, mas no citadas en la investigación– es Riviera Álamo, vinculada con María Esther Monsiváis, una de las funcionarias más influyentes del moreirato. El escándalo provocó su destitución como secretaria de Infraestructura. Sin embargo, el caso, como la megadeuda y el desvío de 125 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia al Ficrea, permanece impune.