Saltillo, Coahuila.- El estado –y especialmente Saltillo– es escenario de un fenómeno que crece, silenciosa pero sistemáticamente, y que se expresa en un aumento significativo en los casos en que la mujer sufre agresiones de todo tipo.

Las cifras de feminicidios, ataques sexuales e incluso las agresiones dentro del noviazgo van en aumento a pesar de contar con leyes que sancionan la violencia de género e instituciones encargadas de intervenir en este grave problema de seguridad y salud pública.

La especialista en Peritaje de la Conducta Delictiva, Terapia Familiar e Intervención Ecosistémica en Violencia Familiar, Brenda Chávez Rodríguez, advierte: “miles de mujeres coahuilenses, sin importar su edad ni estatus social, son víctimas de la violencia de género sin que haya justicia ni acciones suficientes para frenar los constantes ataques a los que son sometidas”.

En Saltillo, como referente inmediato, en menos de tres días una niña de 9 años, una joven de 17 y una sexagenaria fueron violentadas sexualmente en la Región Sureste, dos de ellas dentro de sus propias casas y sin que el agresor fuera detenido.

Tan sólo en los últimos dos años un centenar de mujeres víctimas de violación ha recurrido a un hospital como primera instancia para denunciar la agresión, mientras que mil 198 jovencitas en todo el estado han recurrido a las unidades especializadas de atención, “tatuadas” de agresiones, marcadas por la violencia en el noviazgo, y seis más fueron asesinadas con brutalidad, tipificando el delito como feminicidio, según cifras de la Secretaría de Salud.

La impunidad en silencio

Una jovencita acudió al Ministerio Público para denunciar una violación a la que fue sometida por un compañero de trabajo. Ante la ausencia de agentes ministeriales, le pidieron a una secretaria que platicara con ella. Le contó que su compañero la había pretendido, pero nunca le hizo caso, y en una ocasión, al quedarse solos en la oficina, la violó.

Los resultados del médico legista indicaban el indicio de un ataque sexual, pero también que desde antes del ataque ya no era virgen, razón por la que las autoridades desacreditaron los hechos, y sus padres decidieron retirar la denuncia ante la indignación de que su hija mantenía relaciones sexuales con su novio antes del matrimonio. El caso quedó impune.

Quien relata estos hechos laboró como secretaria en el Ministerio Público de Saltillo durante 1995, y asegura que, bajo justificaciones como esa, en innumerables casos las autoridades dejaron en desamparo a la víctima y al presunto responsable en libertad.

El 21 de agosto de este año, un ataque sexual fue denunciado por una familia ramosarizpense, luego de que presuntamente una niña de 9 años fue violada en repetidas ocasiones por su propio primo, dentro de su casa.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que su primo, Saúl Alfredo, de 21 años, fue arrestado en dicho sector por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público bajo el delito de resistencia de particulares.

Presuntamente, mientras el hombre permanecía encerrado en los separos, los familiares acudieron ante instancias ministeriales para denunciar que este había abusado sexualmente de la pequeña, y aunque el caso fue turnado a Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), Saúl Alfredo salió libre 48 horas después de su detención.

Lo anterior porque el personal de dicha dependencia justificó que en ningún momento se giró orden de aprehensión en contra del individuo por la presunta violación, recuperando su libertad una vez que expiró el tiempo máximo de encierro que establece la ley por un delito simple.

La escalada

En menos de tres días esta niña de 9 años, una joven de 17 y una sexagenaria fueron violentadas sexualmente en la Región Sureste de Coahuila, dos de ellas dentro de sus casas y sin que el agresor fuera detenido.

Tan sólo en los últimos dos años un centenar de mujeres víctimas de violación han recurrido a un hospital como primera instancia para denunciar la agresión, mientras que mil 198 jovencitas en todo el estado han recurrido a las unidades especializadas de atención, “tatuadas” de agresiones, marcadas por la violencia en el noviazgo, y seis más fueron asesinadas con brutalidad, tipificando el delito como feminicidio, según cifras de la Secretaría de Salud.

A pesar de contar con leyes que sancionan la violencia de género e instituciones encargadas de intervenir en este grave problema de seguridad y salud pública, el panorama de atención a la violencia de género no ha cambiado de forma realmente significativa a fin de erradicarlo o por lo menos disminuirlo, señala Brenda Chávez Rodríguez, especialista en Peritaje de la Conducta Delictiva, Terapia Familiar e Intervención Ecosistémica en Violencia Familiar.

“Miles de mujeres coahuilenses, sin importar su edad ni estatus social, son víctimas de la violencia de género sin que haya justicia ni acciones suficientes para frenar los constantes ataques a los que son sometidas”, expresa.

Según las estimaciones estadísticas, más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en México desde 2012 y cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres de las cuales sólo 25% de los casos es investigado como feminicidio, lo cual indica que muchos de ellos quedarán en la invisibilidad y la impunidad.

Lo anterior lo señala la especialista, en relación con los resultados del estudio Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios, concluido en 2016 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

Actos ‘normales’

Dentro de una cultura patriarcal que normaliza la violencia de los hombres hacia las mujeres, explica Chávez Rodríguez, no se reconoce la problemática en su verdadera dimensión, pues aún se interpretan como “normales”, diversos actos de violencia.

Por ejemplo, una humillación es interpretada como broma, los celos como signo de protección, un estirón como si fuera de juego, y todas estas acciones como si se tratara de problemas típicos y formas legítimas de resolver problemas en la pareja, que posteriormente aumentan el nivel de agresión, causando severos daños hacia las mujeres, incluyendo la posibilidad de muerte.

Además, señala que las instituciones de Gobierno no realizan la labor estadística necesaria para obtener cifras reales; de manera contraria, una mejor labor estadística forzaría no sólo al reconocimiento de su gravedad, sino a evidenciar que se requiere una mayor disposición política y de recursos, tanto humanos como económicos.

Ello obedece a diversos factores: falta de unificación de criterios sobre la violencia de género; insuficiente capacitación y sensibilización de funcionarios públicos; escasa articulación institucional y ausencia de bases de datos, entre otros.

Evidenciando, comenta, que lo que se hace actualmente se encuentra muy por debajo de las exigencias que plantea esta problemática.

Estereotipos de género

Un obstáculo importante para la investigación y atención de este delito es que las autoridades –expresa–, todavía hacen un juicio con valores propios empleando estereotipos de género al atender a las víctimas, cuestionando a la víctima o familiares que denuncian.

Por ejemplo, cómo andaba vestida, con quién estaba, a qué hora transitaba, en qué trabajaba, ¿se lo merecía o no?, ¿se lo busco o no?, entre otras cosas, lo que lleva a justificar la agresión, descalificar y revictimizar a la mujer.

Siendo ese tipo de preguntas discriminatorias, que afectan los derechos de las víctimas pero que sobre todo justifican su falta de atención oportuna y medidas urgentes de protección.

Tal es el caso de las mujeres que fueron asesinadas en diversos puntos del estado, comenta la especialista, donde las autoridades justificaron la brutalidad con que fueron cometidos los homicidios, determinando que estuvieron relacionados con el crimen organizado.

“Estamos verdaderamente lejos de la posibilidad de que se haga justicia para las mujeres. Hace falta que el problema sea reconocido en su justa dimensión, que se investigue realmente de oficio, se procese, se sancione a los agresores y se busque la reparación del daño a las víctimas”, señaló.

Por ejemplo, si una mujer se atreve a denunciar un delito sexual o violencia en su contra, y esto ocurre mientras participa en una organización de narcotráfico o trabajo como sexoservidora, es posible que se le juzgue y que por tanto falte la debida diligencia en la investigación o no se establezcan las necesarias medidas de protección.

Factores de impunidad

La falta de autopsias psicológicas en casos de mujeres fallecidas dentro de una situación violenta reduce las cifras que la autoridad registra como feminicidios, lo que contribuye a la impunidad de la violencia de género, asegura Brenda Chávez.

Desde la psicología forense, explica, pueden disponerse de diversos recursos técnicos, pruebas y protocolos específicos, para la investigación de los casos que lleven a la correcta identificación de la violencia de género en cualquier ámbito en el que ocurra.

“Un ejemplo de esto podría ser la realización de autopsias psicológicas en el caso de homicidio de mujeres. Un recurso poco conocido y sin emplearse aún en el estado”, mencionó.

Una autopsia psicológica, explica, es un estudio retrospectivo acerca de las condiciones de la persona antes de morir, útil para determinar la causa de muerte, para tipificar un delito, así como para conocer y determinar la circunstancia de un homicidio o incluso si se trató o no de un suicidio.

“En la autopsia psicológica el perito puede tener acceso al lugar del delito, al contexto, a los familiares para conocer las circunstancias de vida que permitan indagar con más claridad cómo y por qué sucedieron los hechos”, manifestó la especialista.

“Muchas mujeres han muerto en un contexto de violencia, donde eran agredidas física y psicológicamente por el hecho de ser mujeres sin que se abra una carpeta de investigación para tipificar el delito”, lamentó Chávez.

“Hace falta que en la entidad se refuerce la labor pericial desde una perspectiva de género y de derechos humanos que permita la exposición de la gravedad del problema. De ser así podría ponerse en marcha una necesaria activación de alerta de género en el estado”, alertó.

Y cuestionó: “¿cuántos de los casos que se atienden en el Centro de Atención a Víctimas, Secretaría de las Mujeres o Centro de Empoderamiento, son los que se consuman en una sentencia al agresor, que no quedan en la impunidad?”.

“En muchos casos se realizan acciones débiles y contradictorias que llevan a la autodescalificación institucional, a la falta de confianza de las víctimas en las instituciones. “También a la revictimización, al aumento del sentimiento de indefensión de las mujeres, lo que es peor, a un mayor empoderamiento de los hombres, cuando se percatan que la impunidad es posible. La violencia existe entre muchas otras cosas, porque se permite”, expresó.

Ausencia de equidad

Por su parte, Karla Patricia Valdés García, directora de la Facultad de Psicología, asegura que, durante la labor de servicio social en psicología clínica se observa un aumento en los casos de violencia de género dentro de las mismas problemáticas que están viviendo quienes acuden a terapia.

“Mujeres que acuden inicialmente por otras cuestiones revelan más delante que han estado sometidas dentro de ideas machistas y subordinación ante el hombre. Casos que involucran la ausencia de equidad de género en los procesos legales que muchas de ellas enfrentan”.

Dice haber recibido pacientes donde hubo incesto en su infancia y la atención psicológica es posterior, y justo se dan cuenta cuando vuelven a ser violentadas por sus maridos sin darse cuenta de que adoptaron la violencia dentro de sus hogares como algo normal, inclusive dentro de su forma de vida.

Comenta que la línea entre humillar o bromear es muy ligera, sin embargo, es abrir la puerta a agresiones más severas, por eso el trabajo más intenso debe ser la prevención, porque esas más de mil jovencitas violentadas en su noviazgo podrían llegar a convertirse en las próximas mil mujeres violadas… o asesinadas.

Amabas especialista coinciden en la falta de acciones para atender la problemática de violencia de género en el estado, pues la implementación de protocolos de atención, de investigación y tratamiento a víctimas aún es deficiente y negligente.

Falta cobertura

Martha Romero, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que aún falta informar a la población sobre la importancia de acudir por atención médica como primera instancia luego de una violación. Sólo durante las 72 horas posteriores a la agresión los tratamientos profilácticos para salvaguardar su salud cobran efecto.

Sin embargo, en Coahuila sólo 2 mil trabajadores del sector salud y policiaco han sido capacitados para la atención de víctimas; solo existen nueve hospitales con el espacio necesario para atender de manera especializada a las agredidas, y siete centros de atención a víctimas, admitió el director de Atención a Víctimas en el estado, Ricardo Turrubiates Vargas, quien reconoció que no se ha completado la cobertura necesaria de capacitación.

Según la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016), en Coahuila 66.3% de las mujeres mayores de 15 años también ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, económica, psicológica o sexual a lo largo de su vida, en al menos un ámbito de su vida.

Esta encuesta destacó a Coahuila como la entidad con mayor violencia laboral hacia las mujeres, dado que la prevalencia de violencia en dicho rubro es de 26.6% a nivel nacional, mientras que Coahuila alcanzó 34.1%, siendo el principal agresor un compañero de trabajo, seguido por su jefe inmediato.

“Hace falta trabajar cada uno desde su trinchera en el combate a la violencia de género; hace falta una acción colectiva de la sociedad que rechace la violencia de género, sobre todo que la reconozca al cuestionar la forma de vida y los modos en que la ejerce sin darse cuenta”, señaló Brenda Chávez.