México, DF.- Mientras miles de familias siguen su peregrinar en la búsqueda de sus parientes desaparecidos, otros centenares ya lloran su localización: estaban muertos, putrefactos, en las tumbas clandestinas que la delincuencia organizada –en complicidad con agentes del estado– ha cavado a lo largo del territorio nacional.

Por lo menos unas 400 personas han sido exhumadas de un centenar de fosas descubiertas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Otro número indeterminado de seres humanos quedó registrado simplemente como restos humanos, dentro de botes, latas o barriles.

La aparición de los furtivos sepulcros ha horrorizado a propios y extraños y trascendido más allá de las fronteras del país, dando cuenta los medios internacionales del narcopanteón en el que se ha convertido a México, con cuerpos humanos enterrados a flor de tierra, desde los 40 centímetros hasta muchos metros de profundidad.

Los propios órganos del Gobierno le echan más tierra al asunto y sepultan las posibilidades de conocer la verdad. De los números de personas desaparecidas cuando inició la administración de Enrique Peña a la fecha no hemos podido avanzar. Se habló entonces de 26 mil personas desaparecidas. La cifra venía de tiempos de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico.

Hoy en día, a pesar de la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, que cumplirá́ un año el próximo 27 de mayo, nada se ha solucionado y el descontento de madres, esposas e hijos de los miles de desaparecidos va en aumento. A quienes se les ha localizado, están muertos y en vez de un cuerpo, a la familia se le regresan pedazos.

La justificación de jefes policiales es la de que por tratarse de crímenes de delincuencia organizada no sólo entierran los cadáveres, sino que utilizan distintos métodos para tratar de desaparecerlos, lo que dificulta sus labores de investigación.

No existen protocolos

Los métodos para extraer los cuerpos han valido severas críticas a nivel internacional, pues ha sido notoria la utilización de maquinaria pesada como en el caso de las fosas clandestinas de La Barca, Jalisco, donde a finales de 2013 se localizaron cuerpos y restos humanos de por lo menos 76 personas.

Personal ministerial y pericial sin los instrumentos adecuados han acabado de mutilar seres humanos durante la exhumación destruyendo evidencias e incumpliendo con protocolos que existen al respecto a nivel mundial e incluso nacional, lo que en algún momento procesal podría favorecer a aquellos delincuentes que fuesen juzgados por los homicidios o por participar en los ilícitos enterramientos.

Decenas de familias que ya han acudido ante las autoridades federales o en los estados para identificar los restos de sus seres queridos están a la espera de las pruebas periciales de rigor y que se realizan a través de los protocolos de necropsia, la obtención de perfiles genéticos, dictámenes de odontología, antropología forense, criminalística de campo, necrodactilia, fotografía y video, entre otros.

En tanto, la Procuraduría General de la República y fiscalías estatales reiteran sus llamados para que las personas con familiares que se encuentren en calidad de desaparecidos o desconozcan su paradero, denuncien los hechos y acudan ante esa autoridad, con la finalidad de recabar muestras de ADN y realizar pruebas comparativas e identificar a las víctimas.