Washington, D.C.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países, incluidos Sudán del Sur y El Salvador. Esta decisión representa una significativa victoria para la Casa Blanca en su controvertida campaña de deportaciones masivas.

La resolución del máximo tribunal suspende una orden previa de un juez federal que había paralizado la deportación de ocho inmigrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, con destino a Sudán del Sur.

En una breve orden no firmada, el Supremo anuló la disposición del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, quien el mes pasado había determinado que la Administración Trump violó una orden que le impedía deportar a estos ocho inmigrantes a un país donde podrían ser torturados, sin ofrecerles una defensa legal adecuada.

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios habían permanecido varados en una base aérea en Yibuti. Abogados del gobierno argumentaron ante el Supremo que esta situación los exponía a peligros, incluyendo posibles ataques desde Yemen y riesgos de salud por condiciones “deplorables”.

En su alegato, el Gobierno de Trump sostuvo que los inmigrantes en cuestión habían cometido crímenes “monstruosos” y que sus propios países de origen se habían negado a recibirlos. Cabe destacar que, de los ocho individuos, solo uno es de Sudán del Sur; el resto provienen de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. La legislación estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países si enfrentan riesgo de tortura.

El Departamento de Estado de EE. UU. considera a Sudán del Sur un país peligroso debido a conflictos armados, incluso recomendando a los estadounidenses no viajar allí y retirando personal no esencial a principios de mayo.

El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el gobierno republicano y el poder judicial, en el marco de las cada vez más agresivas medidas de Trump para cumplir su promesa de llevar a cabo “deportaciones masivas”. Para acelerar estos procesos, Washington busca activamente acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados.

Un ejemplo controvertido es el envío de más de 200 personas a una “megacárcel” en El Salvador, donde la mayoría permanece incomunicada de sus familiares y abogados. Este acuerdo, cuyo contenido no se ha hecho público, entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, establece que el país centroamericano recibirá migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

Con información de EFE