Ciudad de México.- En medio de una guerra de criterios legales y resistencias, la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), prevista para el próximo 1 de junio, sigue su curso por ahora en el proceso de selección de candidatos.

La elección que renovará la baraja de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, por primera ocasión tras una reforma promovida por Morena y aliados, ha estado en medio de choques políticos y respuestas de las respuestas.

El pasado 7 de enero, ya durante sus últimas horas, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió su proceso de seleccionar candidatos tras acatar suspensiones de jueces.

En contraste, sus homólogos, los comités del Poder Legislativo y Ejecutivo, anunciaron que no acatarían esa suspensión y seguirían adelante con sus procesos de selección, los cuales están en una etapa de entrevistas y determinar la idoneidad de los aspirantes.

Tras varios días, fue hasta el pasado 22 de diciembre que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Poder Judicial), a través de un proyecto de su presidenta Mónica Soto, que decidió con tres votos a favor y dos en contra darle un plazo de 24 horas al Comité Evaluador del PJ para reactivar su proceso.

Al igual que Soto, otros magistrados como Felipe de la Mata y Felipe Fuentes argumentaron que el juez que dio la suspensión se extralimitó en ordenar a los comités de evaluación el frenar sus actividades, porque, dijeron, se ha insistido que ellos no tienen injerencia en asuntos electorales.

Contrario a este bloque, la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez consideraron que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que debe resolver la disputa competencial entre dos órganos del Poder Judicial, es decir, de un juzgado y de la Sala Superior.

Sin embargo, pese a esa orden, el Comité del PJ respondió horas después que, en lugar de acatarla, iniciaría una controversia ante la SCJN para que ella aclare si se debe reanudar o no el proceso cuestionado.

El TEPJF reviró que se mantendrán a la espera de que esa decisión la informen de manera formal.

“ “(TEPJF) no hará pronunciamientos públicos hasta no ver cumplidos los plazos y analizar el fondo jurídico de este asunto”, se especificó.

Y mientras en materia jurídica se sortean los dimes y diretes, el INE sigue con su encomienda de sesionar para definir boletas criticadas, las últimas de ellas las de jueces y magistrados.

El 23 de enero, en votación dividida, los consejeros avalaron estas boletas en donde se especifica cuáles son las materias por las que compiten, es decir, si van para el área penal, administrativa o civil.

Estas serán las papeletas más complejas a las que se enfrentarán los ciudadanos el 1 de junio, pues de los 5 mil 379 cargos en disputa, el 95 por ciento son jueces de distrito –2 mil 784– y magistrados de circuito –2 mil 316–.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina de ese mismo día sobre el enredo judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, quien no acate, estaría expuesto a sanciones.