Saltillo, Coah.- El abogado Vicente Salas Estrada advirtió que las reformas a la Constitución de Coahuila y al Código Electoral del estado no se ajustaron a lo establecido en la reforma al Poder Judicial a nivel federal, de manera que la elección de jueces y magistrados puede ser impugnada.

“ Y esto pone materia para que cualquier candidato pueda impugnar a través de amparo o a través de los recursos legales y se pueda declarar en un momento dado nula o inconstitucional el proceso de elección porque se apartan del mandato constitucional”. 

“ Sin embargo, todavía hay algunas cosas más que la Constitución General de la República no contempla y que fueron implementadas por la Constitución local”. 

El Congreso del Estado, explicó, aprobó el hecho de que la carrera judicial es la idónea para que en este caso pueda renovarse o pueda ratificarse a los jueces y magistrados locales.

“ Ese requisito de que la carrera judicial es idónea no está contemplada en la Constitución General de la República. La Constitución General de la República establece el hecho que es una elección popular abierta, en la cual todo profesional del derecho que reúna los requisitos mínimos que la Constitución establece, puede participar en este proceso de elección. No es un proceso de elección única y exclusivamente del Poder Judicial”. 

Se trata de un proceso, dijo, en el cual todo profesional del derecho, en las ramas que se desempeñe, litigantes, notario, funcionario, ministerio público, puede participar.

“ A través de la iniciativa y el Congreso que la aprueba, excluye a todo aquel gremio que no pertenezca al Poder Judicial, porque establece en forma textual que la carrera judicial es la idónea para acceder a las candidaturas para renovar o ratificar a jueces y magistrados”. 

“ Pero aún hay más, todavía establece la Constitución local que deberá de contar el candidato a magistrado y juez, con una certificación que deberá dar el mismo Poder Judicial”. 

Salas Estrada aseguró que ese requisito también viola la Constitución federal, porque ésta no contempla que los estados certifiquen a quienes deseen participar en la elección popular de cargos judiciales.

“ Esa certificación la dará el mismo Poder Judicial, a través del Instituto de Especialización del Poder Judicial del Estado, lo cual pone en desventaja total a todos aquellos candidatos que no pertenezcan al Poder Judicial. Todos estos requisitos, sin duda, sin duda, se apartan del mandato constitucional, excluyen a todo aquel gremio que no pertenezca al Poder Judicial”. 

Esto pone en riesgo la elección popular, porque cualquier aspirante que reúna los requisitos establecidos en la Constitución federal podrá impugnar el proceso por la vía de amparo en Coahuila, afirmó.