Ciudad de México.- Una jueza federal eliminó una de las dos suspensiones que impiden concretar el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Dinorah Hernández Jiménez, jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa, negó este miércoles la suspensión definitiva en un amparo promovido por la asociación civil Causa en Común, para impugnar la reforma legal del 9 de septiembre, que pretende transferir la GN a la Sedena desde la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC).

El anterior titular de ese juzgado, Roberto Fraga Jiménez, había concedido el 15 de noviembre una suspensión provisional que ordenaba mantener a la GN en la SSPC y cesar todas las transferencias presupuestarias hacia la Sedena.

Pero el 16 de noviembre, Hernández Jiménez reemplazó a Fraga, quien había ganado previamente un concurso para ascender a Magistrado, y fue adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

La Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había notificado desde el 26 de octubre–el mismo día que Causa en Común presento su amparo–que Hernández reemplazaría a Fraga a partir del 16 de noviembre.

Hernández fue readscrita desde el Juzgado Noveno de Distrito, que quedó temporalmente a cargo de un secretario.

La jueza no publicó su sentencia, por lo que se desconocen sus razones para negar la suspensión definitiva.

Ahora, la única orden judicial que mantiene detenida esta reforma es la suspensión definitiva otorgada el 24 de octubre por Karla Macías, jueza Novena de Distrito en Guanajuato.

Lo más probable es que esa suspensión será revocada por un Tribunal Colegiado, pero está por verse si antes del receso judicial, que inicia el 15 de diciembre.

Causa en Común también puede impugnar la negativa de suspensión ante un tribunal colegiado, pero su recurso será resuelto hasta 2023.

Mas allá de la suspensión, la jueza Hernández eventualmente tendrá que resolver sobre la Constitucionalidad de la reforma.

Si bien varios jueces han advertido que, a primera vista, es evidente que la reforma es inconstitucional, porque la Carta Magna ordena expresamente que la GN estará adscrita a la SSPC, la mayoría solo han concedido suspensiones para que no sean expulsados de dicha corporación los elementos que se quedaron de la extinta Policía Federal (PF).

La reforma solo a leyes secundarias para buscar el traspaso total de la GN a la Sedena fue un plan alterno del Gobierno, pues estaba claro que no tendría los votos necesarios para reformar la Constitución.