Ciudad de México.- El analista Luis Carlos Sáinz y los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, especializados en seguridad, aseguraron que el empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, es una pieza clave en la presunta red de huachicol fiscal que involucra a marinos, funcionarios y empresarios.

José Luis Montenegro reveló que, según documentos de la Guardia Nacional, “desde el 20 de enero del año 2022, al menos tres autotanques de Mefra Fletes S.A. de C.V., empresa vinculada a Blanco Cantú, fueron asegurados por la Guardia Nacional debido a que presentaban irregularidades en su documentación”.

En este caso específico, “los documentos amparaban solamente una carga de 47,317 litros de diésel, cuando este tractocamión transportaba 48,000 litros, su capacidad máxima, es decir, había 683 litros de diésel no comprobados”.

“ Después de que pasan estos dos tractocamiones, aparece un tercero de la misma empresa con la misma carga. ¿Y qué documentación crees que entregó al operador de la Guardia Nacional? La misma factura que entregaron los dos primeros camiones”.

Agregó:“¿Por qué ocuparías tres copias del mismo documento para comprobar cargas que ascienden a más de 144,000 litros?”. En ese sentido, cuestionó si también de trata de una red de “huachi-diésel”.

De acuerdo con los especialistas, Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown”, lleva más de una década presuntamente involucrado en esta trama.

El periodista Ricardo Ravelo apuntó que el llamado ‘Señor de los buques’ es el proveedor de las naves para operar el huachicol fiscal.

“ Un caso que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, este personaje empresario regiomontano, Roberto Blanco Cantú, conocido como el señor de los buques, que es el proveedor de naves para operar el huachicol fiscal. Tenía más de 10 años operando, y apenas el 5 de septiembre le giraron orden de aprehensión por este delito. Y así hay múltiples empresas operando con irregularidades que se permitieron”, señaló.

Luis Carlos Sáinz, por su parte, señaló que en muchos casos, a políticos y empresarios que son señalados se les da “la oportunidad de correr”. En el caso del llamado ‘el señor de los buques’ “estaba en constante alerta y ya interponía demandas de amparo”.

“ Lo hizo por ahí el 26 de junio en un juzgado de distrito de Nuevo León. No prosperó porque hacía falta su firma. Volvió a hacerlo el 7 de julio. Esto está vigente, está en trámite, en contra de una posible orden de aprehensión que, a la postre, pues habría resultado, porque se dio cuenta de que el 23 de agosto fue detenido su socio y amigo, el empresario de San Luis Potosí, Héctor Manuel Portales Ávila”, dijo.

Señaló que Portales también habría estado advertido y también habría promovido recursos legales, al igual que José René Tijerina Mendoza,” otro de los prestanombres” y quien “ganó una protección de la justicia federal apenas en junio pasado, en contra de la inclusión de su nombre en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo investigaba por lavado de dinero”.

En su análisis, Sáinz también sugirió que el destape público de esta red responde a presiones desde el extranjero: “Sin lugar a dudas esto proviene de los Estados Unidos, ¿no? Ya se ha comentado que México sigue la agenda de seguridad de los Estados Unidos”. “Marco Rubio estuvo aquí con Claudia Sheinbaum y probablemente se habló de ese tema y vienen los resultados de algo que ya no se podía ocultar”, señaló.

Sin embargo, el periodista Ricardo Ravelo afirmó que la militarización de puertos, aduanas y aeropuertos, ordenada desde Estados Unidos, terminó por facilitar el contrabando de combustible: “¿Y en qué terminó el asunto? En que uno de los principales negocios era el tráfico de combustible robado: primero en los ductos de Pemex y ahora traído de Texas o de otras partes”.

“ Se implicaron militares y, desde mi punto de vista, creo yo el último cinturón, el último eslabón de la seguridad que México tenía, porque desde hace muchos años ya no teníamos seguridad a nivel policial”, comentó.

Ravelo y Montenegro coincidieron en que esta red criminal no operaba de manera aislada. Se mencionó la participación de empresas fachada, exjueces como Anuar González Hemadi (quien fue apoderado legal de Mefra Fletes), y personajes vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación.

Montenegro mencionó también a José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Jalisco preso por vínculos con el CJNG, Jesús Tadeo Amaya Olvera, y José René Tijerina Mendoza, quienes figuran en la red empresarial y legal que habría facilitado la operación del huachicol fiscal.

Con información de Aristegui Noticias