Ciudad de México.- La más reciente licitación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) marcó un cambio en el sector del peaje y telepeaje, al dejar fuera a un bloque de compañías que durante más de dos décadas controlaron el mantenimiento y modernización de casetas en autopistas del país.

Entre las empresas excluidas destacan Controles Electromecánicos, Kapsch TrafficCom, SICE e IPTE Soluciones, proveedores de larga trayectoria que habían mantenido contratos de manera continua. Documentos oficiales detallan que Controles Electromecánicos pertenece en un 80% a Neology S. de R.L. de C.V., vinculada desde 2021 al fondo AINDA Energía & Infraestructura, encabezado por el exsubsecretario de Transporte Manuel Rodríguez Arregui.

El reacomodo en Capufe ocurre tras investigaciones de la Cofece que exhibieron prácticas de colusión en licitaciones, con precios idénticos y rotación de ganadores entre las mismas firmas. A ello se suman penalizaciones recientes: en 2024, Controles acumuló 312 sanciones por 2.1 millones de pesos, y Kapsch 282 sanciones por 1.9 millones de pesos, derivadas de incumplimientos en mantenimiento correctivo.

Además, áreas de seguridad del gobierno federal indagan un presunto sabotaje en casetas de cobro, donde se detectaron accesos remotos que desactivaron equipos y alteraron algoritmos de los TAG, afectando a miles de automovilistas. Los nombres de Controles Electromecánicos y Kapsch TrafficCom aparecen en los reportes preliminares.

Fuentes oficiales señalaron que Rodríguez Arregui ha sostenido reuniones con altos mandos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en busca de que empresas ligadas a sus intereses recuperen contratos. También habría difundido versiones sobre supuestos sobreprecios en la nueva adjudicación, aunque informes internos aseguran que las propuestas de los proveedores excluidos eran incompletas y hasta 8% más caras en mantenimiento que las ganadoras.

El caso tiene relevancia pública por dos razones: la puerta giratoria que representa la trayectoria de Rodríguez Arregui, exfuncionario federal con intereses en la misma industria que regulaba, y el control accionario de Neology, ligado al fondo AINDA, lo que compromete su imparcialidad en el cabildeo de contratos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el tema ya escaló hasta la Presidencia de la República y la SICT, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, donde se evalúa la presentación de denuncias formales para llevar el caso a judicialización por el impacto en la infraestructura vial y en miles de usuarios.

Con información de Proceso.