Ciudad de México.- Las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no avanzan. A siete años de que fueran vistos con vida por última vez, sólo 37 personas de las más de 130 que fueron detenidas continúan en prisión.

La “verdad histórica” no se ha modificado a pesar de que, al iniciar este sexenio, las autoridades se comprometieron a esclarecer las investigaciones y determinar qué fue lo que sucedió con los alumnos. Incluso, las declaraciones del testigo protegido, identificado como Juan, quien en realidad es Gildardo López Astudillo, El Gil, no han logrado avances.

Esta semana la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa dio a conocer una hipótesis sobre lo que sucedió a los estudiantes. Según su titular, Omar Gómez Trejo, se tienen indicios de que los estudiantes fueron incinerados en distintos puntos, como lugares de cremación. Sin embargo, es una teoría que no se ha comprobado. Hasta el momento los padres siguen a la espera de nuevos hallazgos que modifiquen la verdad histórica.

A siete años de la ausencia de los estudiantes, poco a poco han perdido valor probatorio las investigaciones que realizó el Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).

Las indagatorias integradas en los distintos tomos del caso Iguala, sólo han permitido sustentar acusaciones contra 37 personas, de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República consultado por MILENIO.

El documento, fechado el 21 de julio de 2021, indica que los 37 sospechosos que continúan en la cárcel y que eran servidores públicos, 27 son policías municipales de Iguala; uno de Cocula; dos de la extinta Policía Federal; uno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR. También se tiene el registro de José Luis, ex alcalde de Iguala, Guerrero.

La información consultada por MILENIO especifica que hay cuatro personas más detenidas por las investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una de ellas es Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, quien en diciembre pasado fue vinculado a proceso por el caso. Una más es María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, quien según el Ministerio Público pertenecía a la organización Guerreros Unidos, grupo que supuestamente, en coordinación con autoridades municipales, atacaron y desaparecieron a los jóvenes.

Los delitos por los que las 37 personas que continúan en prisión por las investigaciones que se han llevado a cabo hasta el momento son: contra la administración de justicia, desaparición forzada, falsificación de documentos, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro y tortura.

Según la Fiscalía General de la República, a siete años de la desaparición de los 43 estudiantes, hay una sentencia por las investigaciones, aunque se desconoce el delito. Por el momento faltan por cumplimentar 11 órdenes de captura y se ha solicitado la emisión de cinco fichas de búsqueda y localización a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

MILENIO ha llevado un conteo de las personas detenidas, procesadas y liberadas por el caso. Los registros fueron hechos a partir de los tomos del caso Iguala, de comunicados de prensa, así como informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La base de datos que se integró, muestra que entre las personas detenidas, y la mayoría de ellas liberadas por falta de pruebas, se encuentran 53 policías de Iguala, así como del área de Protección Civil. También 28 de Cocula; uno de Cuetzala del Progreso; uno de Taxco, dos de la extinta Policía Federal, uno del Ejército; uno de Marina; y uno de la Fiscalía General de la República (FGR). La lista incluye a una persona que ayudó a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda Villa a ocultarse en la Ciudad de México, personas que fueron confundidas o sólo llamadas a declarar, como es el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera.

De acuerdo con la lista en poder de este medio de comunicación, se tiene el registro de por lo menos 44 integrantes de Guerreros Unidos capturados, y varios de ellos, también liberados ante la falta de pruebas para procesarlos o por violaciones al debido proceso durante las detenciones o una vez que fueron presentados ante el Ministerio Público.

Entre las personas liberadas se encuentran: Agustín García Reyes, El Chereje; Alejandro Palacios Benítez y/o Emiliano Santana Duque; Benito Vázquez Martínez

Bernabé Sotelo Salinas, Toluco; Carlos Canto Salgado; Carlos Pascual Cervantes Jaimes, El Pollo; Cruz Sotelo Salinas, Oaxaco; Darío Morales Sánchez, Comisario; Elmer Nava Orduña, primo de El Gil; Eury Flores López; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo y Gildardo López Astudillo, El Gil.

A siete años de la desaparición de los estudiantes, las autoridades del gobierno federal no han presentado pruebas que modifiquen el discurso oficial de lo que sucedió a los estudiantes. La verdad histórica sigue firme.