Torreón, Coah.- En vísperas del vigésimo aniversario de la explosión en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores, el diputado federal con licencia y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que la tragedia fue resultado de “una negligencia criminal” de Grupo México y afirmó que su iniciativa para tipificar el “homicidio industrial” busca que las empresas enfrenten responsabilidad penal cuando la muerte de trabajadores derive de omisiones graves en seguridad.

El 19 de febrero de 2006, en la mina de carbón concesionada a Grupo México, una explosión por acumulación de gas dejó atrapados a 65 mineros. De ellos, 25 eran sindicalizados; el resto laboraba para empresas contratistas que, según Gómez Urrutia, eran enviadas a las zonas con mayor concentración de gas, donde incluso se realizaban trabajos con soldadura y sopletes.

“ En otros países se le llama asesinato corporativo; aquí lo conocemos como homicidio industrial”, afirmó en entrevista.

Aseguró que, cinco días después del siniestro, el Gobierno federal ordenó suspender el rescate y desalojó a familiares y rescatistas con apoyo del Ejército y corporaciones policiacas.

“ Fue el abandono. Ahí comenzó también la persecución política en mi contra”, recordó.

Durante dos décadas, agregó, prevaleció la impunidad. Recordó que la empresa cerró la mina cuando existían indicios de que algunos trabajadores podrían estar con vida.

“ Se acobardaron. Pensaron en 65 denuncias penales por mantener a los mineros en condiciones violatorias de la ley”, sostuvo.

El dirigente minero informó que presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa —respaldada por su suplente, Jesús Jiménez— para establecer sanciones penales a directivos de empresas que, por negligencia grave, provoquen la muerte de trabajadores.

La propuesta busca hacer efectiva la obligación constitucional y legal de garantizar condiciones de seguridad en los centros laborales.

“ La única forma de obligar a invertir en prevención es que haya consecuencias penales. En otros países, quien mata a un trabajador va a la cárcel”, dijo.

Añadió que la seguridad no puede considerarse un gasto que afecte utilidades. “Para nosotros, primero es la vida y la salud” y recordó una frase de su padre y antecesor en el Sindicato, Napoleón Gómez Sada: “No hay mina de oro que pague la vida de un trabajador”.

Gómez Urrutia comparó el caso con el rescate de los 33 mineros en la mina San José, en Copiapó, Chile, en 2010. A 750 metros de profundidad, los trabajadores fueron localizados con vida 17 días después y rescatados tras 69 días de labores continuas, con presencia de autoridades y de la empresa. “Aquí, a 120 metros, cerraron a los cinco días”, reprochó.

Sostuvo que en el sexenio de Vicente Fox existieron “complicidades” entre el gobierno federal y Grupo México, lo que habría facilitado la cancelación del rescate y la posterior campaña de desprestigio en su contra.

A 20 años del desastre, continúan las labores para recuperar los restos de los mineros que permanecen en el subsuelo. Hasta ahora, 25 fueron rescatados.

“ Queremos que los trabajadores salgan de su casa y regresen sanos al final del día. Eso debería ser lo mínimo en cualquier país que se diga democrático”, expresó.

El legislador confió en que la iniciativa sea respaldada por todas las fracciones parlamentarias. “Ojalá nunca tenga que aplicarse, pero si existe, obligará a cambiar la mentalidad empresarial y a colocar la vida por encima de la ganancia”, consideró.