Ciudad de México.- La revelación de que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) incluye pruebas falsas ha puesto en riesgo la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de aclarar el caso y castigar a los culpables, consideró Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

En 2018, recordó, cuando López Obrador incluyó el tema en sus 100 compromisos de Gobierno, los familiares de los 43 normalistas de desaparecidos en 2014 y las organizaciones civiles que los acompañan consideraron indispensable la asistencia técnica internacional, con el regreso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); una fiscalía especial y el respaldo presidencial con la Comisión encabezada por Alejandro Encinas.

“ Hoy vemos que esos tres pilares están tocados. El fiscal especial (Omar Gómez Trejo), en el que las familias confiaban, fue obligado a dimitir; se marcharon dos expertos internacionales que consideraron que ya no había condiciones, y la propia Comisión por la no verificación previa de los mensajes ha quedado también en un momento muy delicado”, aseguró Aguirre en entrevista.

El GIEI afirmó ayer que, de acuerdo con un peritaje forense, casi 200 capturas de WhatsApp contenidos en el informe que dio a conocer la Covaj el 18 de agosto tienen irregularidades tan básicas como que los mensajes se enviaron en fechas posteriores a la captura de pantalla o que muestran elementos que por entonces no o tenía esa aplicación.

Al mismo tiempo, el grupo de cuatro integrantes anunció que solo dos se quedarán dos meses.

Gómez Trejo, cuyo trabajo al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) fue base para que se emitieran 83 órdenes de aprehensión, renunció en septiembre por presiones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Por los días en que renunció, la Fiscalía solicitó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión.

El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, quien ha acompañado y asesorado a los familiares de Ayotzinapa, urgió aclarar que el informe de la Covaj no fue la base para las 83 órdenes de aprehensión, sino el expediente de la UEILCA, y que la “pifia” del grupo de Encinas no pone en riesgo esas detenciones, a pesar que se pretenda usar así por los acusados.

“ Vemos que algunos actores pretenden generar confusión, por ejemplo los abogados de los militares implicados, para sugerir que toda la prueba se ha puesto en entredicho y hay que recordar que a los militares que se acusó de delincuencia organizada fue con pruebas proveniente de los Estados Unidos, que sí ha sido bien verificadas”, manifestó.

Aguirre dijo que probablemente las fallas en la Comisión se deben a las prisas que metió López Obrador al incluir la resolución de Ayotzinapa entre sus 100 compromisos de Gobierno.

La semana pasada, Encinas declaró que López Obrador lo presionó.

“ El Presidente me dijo, ‘¿qué pasó? Ya informa'”, comentó en entrevista, aunque después dijo que sus declaraciones no habían sido tomadas del modo correcto.

“ Nos llamó la atención que las cosas en el caso se precipitaron a partir de que en diversas conferencias matutinas el Presidente comenzó hablar de que ya conocían lo que había ocurrido y que estaban preparando un informe. De hecho fue así como las familias se enteraron de que esa podría ser una de las funciones de la Covaj. No estaba en su previsión que esto ocurriera, porque entendían la comisión no como una instancia de redacción de informes, sino propiamente como acompañamiento político en el mejor de los sentidos para los trabajos de investigación que venía haciendo el fiscal especial”, sostuvo Aguirre.

“ Lo desaseado de ese proceso también da cuenta del apresuramiento y la coincidencia del tiempo del informe de la presidencia de la Covaj”.

Santiago Aguirre descartó que Encinas deba de presentar su renuncia pues le tienen confianza, pero que tendrá que rectificar y revisar dentro de su propio equipo.

En el caso de López Obrador, que ha minimizado la renuncia de Gómez Trejo y ha respaldado a Gertz, el director del Centro Prodh dijo que se debe esperar a ver a dónde moverá el tema.

“ Si viniera un escenario en el que el Gobierno diese por concluido el compromiso de esclarecer el caso con este informe con estas acusaciones, si hubiera una pretensión de cerrarlo, no se abriera a que los dos expertos del GIEI sigan ayudando y tolerara que el Ejército siga sin rendir cuentas y que la Fiscalía siga también en su retraso, pues sería un sueño terrible para las familias, porque todavía quedan dos largos años de sexenio”, sostuvo.