Jesus Castro | Arturo Estrada | Saltillo, Coah.-  El Gobierno de Coahuila se unió a la “guerra” contra el “Plan B” de la reforma electoral, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional, lo cual ya han efectuado municipios para intentar revertir sus efectos negativos.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que era imperante que su Gobierno presentara este recurso, pues no solo afecta la autonomía y soberanía de estados y municipios, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía de mantenerse informada sobre lo realizado por el Gobierno.

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Se tiene que presentar, de manera obligatoria, si nosotros queremos sostener una controversia. Por eso también, de esta forma, no solamente nosotros sino varios municipios están presentando la controversia, porque finalmente tiene que haber una respuesta muy completa, y se tiene que extender hacia todos los entes de Gobierno”, declaró.

Por tal motivo, ayer presentaron una Demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión, que aprobó el decreto que modificó diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Presenta Saltillo documento contra el ‘Plan B’ electoral

El Gobierno Municipal de Saltillo también presentó ayer la respectiva controversia constitucional ante la Superma Corte de Justicia en contra del ‘Plan B’ electoral del Ejecutivo federal.

A través de la Secretaría del Ayuntamiento y por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada en diciembre.

Desde la Ciudad de México, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada Flores, informó que el objetivo es que se declare inválido el Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía.

De igual forma, comentó que, hasta antes de la reforma, la Ley de Comunicación permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva, hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, además de la promoción de políticas públicas para la seguridad, o para incentivar el pago de los distintos impuestos municipales.

El alcalde Chema Fraustro consideró que las reformas violentan la autonomía de los municipios, garantizada en la Constitución.

Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), dijo que, en efecto, el “Plan B” no se aplicará en el proceso electoral de Coahuila 2023, como lo confirmó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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El Tribunal no declara inaplicable ninguna parte del ‘Plan B’ de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque de hecho el Plan B en sus transitorios establece que este no es aplicable para el Estado de México ni para Coahuila”, expresó Paredes Lozano.

Indicó que lo anterior, porque la legislación electoral establece que para que una reforma se pueda aplicar en un proceso electoral, debe publicarse por lo menos 90 días antes de su inicio.