Del Río, Texas.- Un jurado federal encontró culpable a un residente de Dale, Texas, por su participación en una red de tráfico de armas, al estar vinculado con crímenes organizados del vecino país a quienes les entregaba las armas.

El acusado Bobby Brandon Galván, de 30 años y conocido como “Puravidarecia”, fue señalado por su vínculo con una organización criminal que opera en territorio mexicano, de acuerdo con el proceso judicial, Galván utilizó intermediarios para adquirir armas de alto poder, incluyendo un rifle tipo AK-47 que posteriormente fue recuperado tras un enfrentamiento entre integrantes del cártel y fuerzas de seguridad mexicanas.

Las investigaciones encabezadas por Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, establecieron que entre septiembre de 2023 y abril de 2024, el acusado compró al menos 24 rifles estilo AK-47, todas estas armas fueron rastreadas hasta Toluca, México, donde presuntamente eran utilizadas por grupos criminales, durante el juicio también se mencionó a Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga como figuras clave dentro de la red delictiva.

Según las autoridades, Galván formaba parte de una estructura más amplia dedicada al tráfico de armas a nivel transnacional, su papel consistía en adquirir el armamento, intentar borrar los números de serie para dificultar su rastreo y entregarlo a otros miembros de la organización que se encargaban de cruzarlo hacia México.

El ahora culpable fue detenido el 29 de julio de 2025 y acusado formalmente semanas después, en total, 26 personas han sido señaladas dentro de esta investigación, enfrentando distintos cargos que incluyen tráfico de armas, contrabando de personas y operaciones con recursos ilícitos, de ellos, al menos 18 ya se declararon culpables y están en espera de recibir sentencia.

Galván podría enfrentar hasta 40 años de prisión por cada uno de los cargos en su contra, el caso está bajo la supervisión de la jueza federal Alia Moses, y ha sido destacado por autoridades como uno de los primeros procesos en aplicar nuevas leyes federales contra el tráfico de armas, además de evidenciar la coordinación entre agencias de seguridad para combatir el flujo de armamento hacia organizaciones criminales.