Culiacán, Sin.- Los funcionarios del Gobierno de Sinaloa acusados de tener vínculos con los “Chapitos” comenzaron a hacerse del control económico, político y de seguridad de la entidad desde 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.

Junto con el gobernador Rubén Rocha fue acusado su exsecretario general de Gobierno y ahora senador por Morena, Enrique Inzunza.

Desde 2018, este grupo comenzó su arribo al poder con la elección que llevó a la Presidencia de la República a López Obrador, y desde entonces, el avance y crecimiento los llevaron a la Gubernatura y a un proyecto político que busca mantenerlos un sexenio más en Sinaloa.

El tándem Rocha-Inzunza, logró sacar del camino político a los exalcaldes morenistas Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome. Todos fueron desaforados y sometidos a juicios políticos.

Inzunza Cázarez fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Sinaloa de 2016 a 2021, año en qué se sumó al proyecto político de Rocha Moya y, a partir de entonces, el poder político en Sinaloa fue tomado bajo sus riendas.

Gran parte de la operación política pasó por su escritorio en un proyecto político que busca colocarlo como sucesor en la Gubernatura el próximo 2027.

Dirigentes políticos locales, que pidieron el anonimato, dijeron que Inzunza Cázarez orquestó y coordinó ataques mediáticos y políticos contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los exalcaldes desaforados de Culiacán, Mazatlán y Ahome, las ciudades más importantes del estado.

También aparece acusado Juan de Dios Gámez Mendivil, ahijado de Rocha Moya e impuesto como Alcalde de Culiacán tras el desafuero de Estrada Ferreiro en 2022.

Es también otro nombre que impulsan desde el escritorio del Gobernador para sucederlo en el cargo. Hasta antes de este puesto no contaba con experiencia política y sus empleos habían sido siempre con su padrino como parte de su equipo de trabajo.

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También fueron acusados Enrique Díaz, quien fue su secretario de Administración y Finanzas, cargo que dejó para ocuparse de sus negocios, sin embargo, fuentes de Proceso aseguran que sigue trabajando de cerca en temas financieros con el grupo político de Rocha.

Díaz Vega fue uno de los primeros funcionarios en dejar su cargo en la Administración de Rocha.

Aparece también Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, nombrado en agosto de 2022, pero relevado del cargo en diciembre de 2024 durante la guerra velada entre “Mayos” y “Chapitos” en la entidad.

Mérida Sánchez es militar de carrera y durante ese tiempo hombre de confianza en el Gabinete de Rocha.

En la acusación aparece Dámaso Castro, fiscal general adjunto, el segundo al mando en la Fiscalía General del estado y uno de los orquestadores del montaje descubierto por la Fiscalía General de la República por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, rival político de Rocha Moya, cuyo crimen ocurrió justo en el lugar en donde secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada.

Castro Saavedra también ha sido señalado por agentes de investigación en videos divulgados en redes sociales. Estos agentes posteriormente aparecieron ejecutados. Las acusaciones son por nexos con los “Chapitos”.

También aparece Alberto Contreras Núñez “El Cholo”, quien fue jefe de la Policía de Investigación de la FGE y otro nombre recurrente en estos videos divulgados en redes.

Otros jefes policiacos que aparecen en la acusación del Gobierno norteamericano son los de Marco Antonio Almanza, también exjefe de la Policía de Investigación y uno de los hombres clave en seguridad desde 2010, fecha en que operaba la guerra del cártel entre los Beltrán Leyva y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

También, José Antonio Dionisio Hipólito, quien fue subdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán y quien se habría encargado de brindar seguridad a la facción de los Chapitos entre 2018 y 2024, fecha en que dejó el cargo.

La acusación del Gobierno norteamericano en contra del gobernador Rubén Rocha y nueve integrantes de su gabinete fue advertida desde septiembre de 2024 por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Documentos de inteligencia militar y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señalan que Rubén Rocha ha sido investigado por supuestos nexos con el crimen organizado.

Estas investigaciones abarcan el periodo previo y durante su mandato, ligándolo a presuntas omisiones y relaciones con grupos delictivos.

Y en ese mismo sentido, la acusación del Departamento de Justicia presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señala al Gobernador y a varios de sus funcionarios de haber colaborado con el CDS para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadunidense.

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Rechaza imputaciones

En tanto el Gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones formuladas por EU en el que lo señalan de narcotráfico y vínculos con el CDS y dijo que demostrará la “falta de sustento”.

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Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, se posicionó.

Rocha Moya señaló que no es sólo un ataque a su persona, sino a todo el movimiento de la cuarta transformación y sus liderazgos.

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Desaparecer poderes

El Partido Acción Nacional señaló que las acusaciones de EU contra Rubén Rocha, ha generado una crisis de Estado que requiere que el Senado declare la desaparición de poderes en esa entidad.

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Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas. Se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias”, señaló Acción Nacional ante las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve políticos mexicanos por parte de la administración de Donald Trump.

El PAN advirtió que un Gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias.

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Con información de Agencia Reforma, Proceso y El Universal