Ciudad de México.– México ha dado un paso decisivo en la gobernanza de los océanos. La Presidencia de la República publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto promulgatorio del Acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, un instrumento clave de la ONU para proteger las aguas internacionales.

Cronología de la ratificación

El documento, que entra en vigor de forma oficial este sábado, es el resultado de un proceso legislativo y diplomático acelerado durante el último año:

– 25 de junio de 2025: El Senado de la República otorga su aprobación unánime.

– 23 de julio de 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum firma el decreto.

– 22 de septiembre de 2025: El Gobierno de México deposita formalmente el instrumento ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El objetivo: Regular la “tierra de nadie”

El acuerdo busca establecer reglas claras en zonas que no pertenecen a ningún país, asegurando que la explotación de recursos marinos no comprometa la salud del ecosistema global. Entre los puntos más destacados de la nueva normativa se encuentran:

1. Recursos Genéticos: Regulación del acceso a organismos como bacterias, corales y algas, garantizando que los beneficios económicos derivados de su estudio se compartan de manera justa, priorizando a las naciones en desarrollo.

2. Santuarios Marinos: Facultad para crear Áreas Marinas Protegidas en altamar bajo estrictos criterios científicos.

3. Evaluaciones de Impacto: Se exigirá a las naciones realizar estudios ambientales exhaustivos antes de iniciar cualquier actividad industrial o de investigación en aguas profundas.

4. Transferencia Tecnológica: Fomento a la cooperación internacional mediante la capacitación científica y mecanismos financieros solidarios para fortalecer la vigilancia de los mares.

Con esta publicación, México se alinea con los esfuerzos globales para frenar la pérdida de biodiversidad en el 60% de los océanos que anteriormente carecía de una protección jurídica integral.