Monclova
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Grupo Zócalo
Publicado el lunes, 27 de diciembre del 2021 a las 04:15
Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado entró al rescate de la Universidad Autónoma de Coahuila, para saldar el pago de sueldos y aguinaldos de trabajadores sindicalizados y jubilados que no fueron liquidados en tiempo, y anunció que hoy entregará una bolsa de 85 millones de pesos adicionales para completar 290 millones durante todo diciembre, y que servirán para cubrir parte del boquete financiero que mantiene en una severa crisis a esa casa de estudios.
Este lunes será dispersado el recurso para pagar los salarios del personal que menos gana dentro de la Universidad, así como de jubilados que tampoco han recibido su aguinaldo, luego de que el recurso disponible indebidamente fue destinado a la alta burocracia, jefes de área, directivos y a los empleados de confianza que más ganan en la nómina de la UAdeC.
Se trata de una base de más de 5 mil trabajadores con salarios muy básicos, que se quedó sin pago durante la primera quincena de diciembre por lo que el pasado 24 agrupaciones de sindicalizados y jubilados salieron a protestar por esta mala decisión de la administración universitaria.
Enfrenta la Universidad severa crisis económica
Los 85 millones que serán liberados hoy lunes deberán ser destinados exclusivamente a salarios y aguinaldos de toda esta base de trabajadores que se fue a casa sin dinero durante la Navidad, se informó desde la administración estatal y se puntualizó que no se podrá disponer para cubrir otros pendientes que arrastre la administración de la UAdeC.
La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta una severa crisis económica y aunado a ello la Auditoría Superior del Estado le notificó recientemente observaciones por más de 700 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2020, cuyo destino no ha sido aclarado.
Según el Informe Anual de Resultados 2020, la Universidad recibió observaciones por no justificar de manera correcta 518 millones de pesos; otros 65.2 millones de pesos, cuya documentación aportada evidencia que su aplicación no respetó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios; pero además otros 29 millones de pesos que tienen que ver con incumplimiento en su justificación para el pago de impuestos federales.
La Auditoría Superior de la Federación también emitió observaciones en la revisión de más de mil 450 millones de pesos en transferencias de dinero federal, de los cuales más de 550 millones están pendientes de aclarar.
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