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| El senador Luis Fernando Salazar se reunió ayer con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

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Denuncian a Román Cepeda por corrupción ante la UIF

  Por Grupo Zócalo

Publicado el jueves, 19 de junio del 2025 a las 04:05


Puso énfasis en la evidencia sobre operaciones financieras que, según afirmó, involucran a funcionarios del Ayuntamiento en una red de corrupción.

Saltillo, Coah.- El senador Luis Fernando Salazar se reunió ayer con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para dar seguimiento y entregar documentación y pruebas sobre el presunto desvío de recursos en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón.

Se pudo conocer que durante el encuentro, en privado y en la sede de la UIF, el legislador puso énfasis en la evidencia sobre operaciones financieras que, según afirmó, involucran a funcionarios del Ayuntamiento de Torreón en una red de corrupción que supera los 66 millones de pesos.

Salazar aseguró que el caso gira en torno a la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V., la cual recibió contratos para el mantenimiento de pozos y bombas, sin acreditar la realización de los trabajos. Señaló que esta compañía emitió 223 facturas sólo en enero de este año, por un monto de 35.3 millones de pesos, además de recibir pagos previos por 16.5 millones, sin contar con personal ni actividad fiscal registrada ante el SAT.

De acuerdo con el senador, el domicilio fiscal reportado por la empresa corresponde a un local vacío en la avenida Morelos 2324 Oriente.

Entre las operaciones detectadas, incluyó la compra de una camioneta Suburban High Country 2024, con valor superior a los 2 millones de pesos, así como depósitos millonarios vinculados al chofer del secretario del Ayuntamiento, José Elías Gánem Guerrero.

El legislador entregó copias del expediente que ya presentó ante la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila. También promovió un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para solicitar la intervención de autoridades federales.

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