Acuña, Coah.- Pese a que el cobro por Derecho al Alumbrado Público (DAP) fue declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuñenses han tenido que pagar este impuesto municipal durante 10 años, lo que lesiona aún más la economía de las familias y las empresas.

En Acuña, la recaudación se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aun y cuando por “ilegal” fue derogada de otros municipios del Estado, y en otros, nunca se cobró, sin embargo, aquí se mantiene el cobro del dos por ciento en el caso del servicio doméstico y con tarifas distintas en el caso de las empresas, de acuerdo a su tamaño.

El pago de este impuesto lesiona la maltrecha economía de los ciudadanos de clase media y baja, pero más aún su dignidad, ya que en muchos sectores ni siquiera existe alumbrado público y aún así el Municipio, a través de la CFE cobra el dos por ciento sobre el consumo total de electricidad.

Ciudadanos entrevistados al respecto, se manifestaron inconformes con el cobro del DAP, ya que aseguraron “es un servicio público (el alumbrado) que se supone debe dar el Municipio con lo que recauda de predial”, además “no hay una garantía de que este dinero se utilice para el alumbrado, porque en muchos lugares no hay”.

Argumentaron que es “demasiado” el cobro del 10 por ciento de IVA, como para pagar también el dos por ciento del DAP. El total de los encuestados se pronunció a favor de eliminar el impuesto, sobre todo en este tiempo de carestía y que muchas personas perdieron su empleo.

El 30 por ciento de los entrevistados, aseguró que carecen de alumbrado público en su calle o en calles aledañas. Algunas de estas colonias son los fraccionamientos Fundadores y La Rivera, donde incluso se dificulta la reparación de transformadores, lo que ocasiona que la CFE corte por períodos el servicio de electricidad domiciliaria.

Los ciudadanos están tan “acostumbrados” a pagar impuestos, que incluso desconocen el origen del DAP y que lo pagan en su recibo de luz. Al menos el 70 por ciento de ellos no sabía, hasta el momento de la encuesta, que el porcentaje está desglosado en su recibo, y señalaron que “estamos acostumbrados a que el Gobierno nos imponga cuotas sin saber para qué son”.

En el caso de las empresas del Municipio, la inconformidad también se ha hecho manifiesta, sobre todo en la industria maquiladora, la cual factura sumas superiores a los 500 mil pesos por consumo de electricidad, por lo que el DAP también resulta elevado. En años anteriores, al menos tres empresas se ampararon contra el cobro del impuesto.

Al respecto, Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras, señaló que actualmente todas las empresas maquiladoras cubren puntualmente el porcentaje del DAP, ya que “es un apoyo para el Municipio que beneficia a los trabajadores de la maquila, lo estamos pagando porque es una forma de cubrir el alumbrado público de mis trabajadores”.

El DAP es un impuesto, que por decirlo de alguna manera, se ampara en el desconocimiento o conformidad de la población, sin embargo, el que pocos o nadie reclamen, no significa que sea legal y que la paraestatal haga oídos sordos al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.