Monterrey, NL.- En medio de la polémica sobre qué Poder tiene el control del Instituto de Defensoría Pública, el Gobernador Samuel García señaló ayer que la situación es clara: la administración y los recursos del organismo están a su cargo.

“ Siempre ha estado en el Poder Ejecutivo y la Corte nos dio la razón en una demanda que yo promoví”, afirmó, “donde nos dicen que todo se queda igual, o sea, con nosotros.

“ La administración, la dirección y el recurso sigue siendo mío, y la Corte dice que todo se queda igual”.

El viernes, la Suprema Corte de Justicia publicó un fallo concediendo una suspensión al Gobernador, que promovió una controversia constitucional contra el Acuerdo que usó el Poder Judicial del Estado para tomar las oficinas de la Defensoría y nombrar un nuevo titular.

Este Acuerdo deriva de una reforma a la Constitución aprobada por mayoría en el Congreso local para quitarle la Defensoría Pública al Ejecutivo y transmitir su operación y administración al Consejo de la Judicatura.

Con la toma del edificio, realizada el 14 de abril, el Poder Judicial sostiene que la transmisión de la Defensoría es un acto consumado y la suspensión concedida al Gobernador no lo revierte.

El fallo de la Corte, que no se ha pronunciado sobre el fondo de la disputa, establece expresamente que si hay actos ya consumados no son alterados por la suspensión.

Pero el Estado sostiene que el Poder Judicial nunca ha tomado control pleno de la Defensoría, pues la administración y presupuesto están depositados en un director que fue nombrado por la Junta de Gobierno del organismo, después del nombramiento que hizo el Poder Judicial, al que consideran ilegal.