Ciudad de México.- El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, afirmó que cada vez que sesiona dicho cuerpo colegiado son analizadas diversas solicitudes presentadas por jueces y magistrados de implementar medidas de seguridad por amenazas o riesgos a su integridad derivados de su desempeño jurisdiccional.

En conferencia de prensa, Vargas explicó que en estas sesiones el Pleno del OAJ concede y también ordena el retiro de las medidas de seguridad y calculó que aproximadamente 40 juzgadores federales cuentan actualmente con este tipo de medidas.

“ En cada sesión que tenemos en el Pleno del Órgano de la Administración Judicial autorizamos medidas de protección, ya sea por una camioneta blindada, ya sea por un chaleco, ya sea por protección de escoltas a muchos de los jueces y magistrados, particularmente en las materias penales”, afirmó.

“ A veces se le retiran también cuando ya hay un dictamen de la coordinación de seguridad a efecto de que determine que ya no persisten las condiciones de inseguridad. Entonces, es variable, pero sí, obviamente, a nivel nacional damos este servicio a todos nuestros jueces y magistrados de la materia penal particular (…) Estamos ahorita como en 40 jueces que están bajo la protección, algunos solamente tienen el chaleco, algunos otros tienen chaleco y camioneta, algunos tienen los dos más escoltas, dependiendo también del dictamen de riesgo que determine la coordinación de seguridad”.

“La solución más viable”

Por ello, ante la decisión de los ministros de la SCJN de no hacer uso de las camionetas blindadas que fueron adquiridas en diciembre de 2025, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, confió en que seguramente estas serán destinadas a proteger a los juzgadores que requieren medidas de protección.

“ Hemos estado evaluando junto con el presidente del órgano de administración judicial la solución más viable. La institución, todo el Poder Judicial, como ya ha indicado él, requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo. Y la decisión muy seguramente va a ser esa de reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores. Esta va a ser la solución más viable porque la institución lo requiere también”, apuntó Aguilar Ortiz.

Información confidencial

Esta es la primera vez desde hace más de cuatro años que un alto mando del PJF realiza declaraciones sobre las medidas de seguridad de los jueces y magistrados.

En diciembre de 2019, en el primer informe de labores del entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, fue la última vez que el PJF dio a conocer cuántos juzgadores contaban con este tipo de medidas.

Según el documento, al cierre de 2019 el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo.

Entre las medidas estaba la asignación de 11 vehículos blindados; 12 servicios de escoltas; 11 chalecos antibalas y ocho apoyos provisionales tales como teléfonos con botón de pánico.

El ministro en retiro dio a conocer en aquel momento que un total de 91 jueces y magistrados tenían vehículos blindados, 89 servicio de escoltas y 89 usaban chaleco antibalas.

Sin embargo, al año siguiente, el Pleno del CJF decidió reservar esta información como confidencial por razones de seguridad.

Según los informes financieros del extinto CJF, entre 2019 y para septiembre de 2021 fueron destinados 2 mil 125 millones 902 mil 807.98 pesos a la protección de funcionarios del PJF, que contemplaba el pago de las medidas de protección para juzgadores a través de un subprograma denominado Protección, prestaciones y servicios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

La decisión de reservar el número de juzgadores con medidas de seguridad fue ratificada por la administración de la expresidenta de la Corte, la ministra en retiro, Norma Piña.