Monterrey, NL.- Tras ser exhibida por la contratación de empresas factureras y “fantasmas”, y de otras relacionadas con sus directivos y funcionarios, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) decidió esconder todos los contratos celebrados con ellas.

Esa documentación debería estar disponible en línea, pero como no lo está, Grupo REFORMA la solicitó con base en la Ley de Transparencia.

Sin embargo, la institución respondió que la información solicitada fue reservada por su Comité de Transparencia, de acuerdo con el Artículo 138 Fracción III de la Ley en la materia.

Ese artículo dice que se puede clasificar como reservada la información cuando su entrega obstruya actividades de verificación y auditoría, pero la Universidad no explica de qué manera aplica este precepto a documentos que de por sí ya deberían ser públicos.

“ Se le informa que respecto a su solicitud de información, los miembros del Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, CONFIRMARON, la Reserva de Información; por configurarse la hipótesis del artículo 138 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León”, dice la respuesta oficial de la UANL.

Esa misma respuesta se repitió en 70 ocasiones, que fue el número de solicitudes presentadas, una para cada mes de la gestión del actual Rector, Rogelio Garza Rivera.

El 12 de julio, Grupo REFORMA publicó que entre el 2016 y el 2021, la Universidad pagó por lo menos 700 millones de pesos a decenas de empresas factureras e integradas por prestanombres de condición modesta, la mayoría de ellas declaradas como “fantasmas” por el SAT.

Además, quedó al descubierto que se les pagó con precios inflados por servicios difíciles de comprobar, y vínculos de algunas compañías con directivos universitarios o familiares de éstos.

En ese momento se exhibió que pese a ser parte de sus obligaciones de transparencia, toda la información sobre los contratos y pagos de estas compañías permanecía oculta.

Como respuesta, el Rector reconoció la omisión, la atribuyó a que algunas escuelas no informan a tiempo y aseguró que se estaban tomando medidas correctivas.

El director general de Administración de la institución, Enrique Castillo Hernández, fue separado de su cargo.

Garza Rivera afirmó que la casa de estudios colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera estatal para que las investigaciones llegaran a las últimas consecuencias.