Ciudad de México.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, informó que se detectaron aparatos de espionaje —grabadoras— en las oficinas de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, de los líderes parlamentarios, y de legisladores de todos los partidos políticos.

Por ello, se determinó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet, y cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido, pero cuyo nombre y fotografías constan en las pruebas presentadas por la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados.

Acosta Naranjo afirmó que “con los equipos detectados se grababan asuntos personales y particulares de los diputados, situación que vulnera al Poder Legislativo”.

Comentó que desde hace mucho tiempo y por las pruebas encontradas, era una práctica “generalizada, con mucha gente involucrada”.

Según información del órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados en los últimos meses.

Después del mediodía, la Cámara de Diputados presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra quien resulte responsable, por los delitos federales que se hayan cometido, y aportó evidencias “fuertes”, “robustas” de que ha habido la práctica de espionaje en San Lázaro.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que desde el gobierno federal, en particular desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se hayan dado instrucciones para realizar espionaje telefónico en la Cámara de Diputados. Se encontraron aparatos con “tiempo largo” de haber sido instaladas, dijo. “Se estaban cometiendo delitos en contra de la privacidad de los diputados. Se estaba escuchando y grabando a legisladores de distintos partidos”.

Todos espiados

Acosta informó que desayunó con la procuradora general de la República, Marisela Morales, y de sus orientaciones derivó la presentación, a las 12:25 horas, de una denuncia de hechos que recibió el subprocurador especial contra delitos federales, Irving Barros, contra quien resulte responsable.

El presidente de los diputados, en conferencia de prensa, dijo: “¿Hasta qué grado estábamos intervenidos? No lo sabemos. Hay elementos suficientes para pensar que era una práctica generalizada”.

Sin ser específico, Acosta Naranjo dijo que “ahora necesitamos blindar al Poder Legislativo de intervenciones ilegales”, para que los diputados “no estén sujetos a presiones, chantajes y delitos de este tipo”.

Incriminan a gobierno y mafias

Poiré aseguró que “no hubo ni habrá una instrucción de parte de la Secretaría de Gobernación ni del Cisen para una cosa de ese tipo, que es a todas luces ilegal, reprobable y no digna de un régimen democrático como el cual estamos construyendo y del cual me honro servir”.

Legisladores de PRI, PAN y PRD advirtieron que intereses económicos, adversarios políticos, el gobierno e, incluso, el crimen organizado, podría estar detrás.

El PRD demandó una “auditoría” a las oficinas de los 500 legisladores, ante la presunción de que se trata de una práctica generalizada.

El panista Arturo García aseguró que si las escuchas ilegales son para ejercer presión en temas sensibles o para obtener información particular, es grave, pero si se asume que los temas legislativos son públicos, no debe haber temores. (Con información de Carina García y Francisco Reséndiz)