Monclova, Coah.- El alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, tiene la obligación moral, política, social y legal de demostrar cómo se llevó a cabo la operación económica con la que adquirió dos camiones de recolección de basura a un precio de más de 5 millones, cuando su precio real no rebasa los 1.2 millones de pesos, opinó el empresario hotelero Armando de la Garza Gaytán.

Manifestó que la imputación que existe en su contra es muy delicada, y situaciones como esa les han costado el puesto a otros alcaldes del país, ante lo que Piña tiene la responsabilidad de comprobar que tales dichos, que al parecer están bien fundamentados, no son ciertos.

“Pero si son ciertos, la verdad es que es una cuestión delicada, sobre todo por lo dicho de que los alcaldes de Morena son los que más han pregonado socialmente la transparencia y el buen manejo de recursos”, apuntó.

Por eso dijo que el Alcalde de Frontera debe demostrar a corto plazo, dónde, cómo, cuándo y en cuánto compró esos camiones y cómo se facturaron en el Ayuntamiento.

En relación de si se le debe separar del cargo mientras se realizan las investigaciones, De la Garza manifestó que la ley en México te ampara bajo la presunción de inocencia.

“ “Lo que sí es obligación de Piña en forma inmediata es comprobar que los dichos no son ciertos, y en caso de ser ciertos, él mismo debe presentar la renuncia o las autoridades competentes deben ejercer acción legal en su contra como debe ser contra él y otros alcaldes.

Y es que dijo que hay muchas denuncias del mismo tipo contra alcaldes de diversos partidos políticos que están congeladas, ya que son cosas muy delicadas el comprar bienes a un precio y venderlos a dos o tres veces más alto, por lo que deben caer en una situación penal por ser funcionarios públicos.

Consideró que el caso particular de Piña se debe separar de la cuestión política porque es una cuestión municipal, ya que todos los alcaldes y funcionarios públicos deben manejar los recursos del erario público con una transparencia del 100 por ciento.