BCC Londres, Ing.- El gobierno de Perú reabrió una investigación sobre un polémico programa de control de la natalidad mediante la esterilización. El anuncio les trajo nuevas esperanzas a muchos hombres y mujeres que sienten que sus derechos fueron violados.

Aurelia Paccohuanca recuerda esas palabras pronunciadas por las enfermeras cuando ella se opuso a aceptar la supuesta solución a la pobreza extrema de Perú.

“Como yo ya tenía cuatro hijos, me dijeron que no podía tener más. Pero yo no quise y les dije que no quería ser esterilizada”, dice la señora Paccohuanca.

Corría octubre de 1998, en una zona rural cerca de Cuzco, una zona pobre de la sierra peruana cuyo idioma predominantemente es el quechua.

Después de semanas de tratar de evitarlos, Aurelia Paccohuanca se enfrentó a las enfermeras de nuevo.

“Estuve escapándome, pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron”.

Aurelia Paccohuanca cuenta que la llevaron a una clínica y le pidieron que entrara a una sala.

“Me hicieron quitar toda la ropa. Tenía miedo y nervios. Me puse a llorar”.
Investigación parlamentaria

Una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002 concluyó que el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 346.219 mujeres y 24.535 hombres en los últimos siete años de su mandato presidencial (1990-2000).

Fue parte de un intento por bajar la tasa de natalidad del país. Reducir el número de bocas que alimentar, se argumentó, les ayudaría a los padres a sacar a sus familias de la pobreza.

Pero la señora Paccohuanca cree que sus derechos fueron violados. Ella es una de cientos de personas que han denunciado que fueron obligadas a someterse a operaciones y a quienes nunca se les dijo que podían negarse.

El expresidente se encuentra ahora en prisión, pero por condenas relacionadas con el conflicto interno del Perú, no por su campaña de control de la natalidad.

Nunca fue juzgado por los abusos de derechos humanos presuntamente cometidos durante el programa voluntario de salud. Sin embargo, los testimonios son difíciles de ignorar.

Analfabetas

Hilaria Supa se dio cuenta de que algo andaba mal desde el principio. Ahora se dedica a la política. Comenzó su campaña en busca de respuestas en 1996, cuando empezó a recibir denuncias de abusos.

“Algunas de las mujeres fueron esterilizadas voluntariamente”, afirma. “Pero siempre dicen que fueron engañadas. Algunas son quechuas y ni saben hablar castellano, son analfabetas”.

“No les dijeron, o no sabían, cómo era la operación en realidad. A veces se les dijo que ‘si van a tener hartos (muchos) hijos van a pagar'”.

El programa de esterilización contó con el respaldo de donantes internacionales, incluido el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Japón y EE.UU., así como de organizaciones antiaborto y feministas por igual.

“Fujimori solía decir: ‘las mujeres tendrán el derecho a decidir si tener hijos o no'”, recuerda María Ester Mogollón, una activista que trabaja con Hilaria Supa.

“Como feministas, nos pareció que era una buena idea. Pero eso cambió cuando empezamos a recibir información de que todo se hizo por la fuerza, con amenazas y participación de la policía”.

Marino Costa Bauer, ministro de Salud de Perú en aquella época, admitió que su departamento cometió errores.

El exfuncionario reveló en 2002 que no había un reglamento que estipulara cómo se debía poner en práctica el programa de esterilización, pero dijo que era un problema que él había tratado de arreglar.

“Se emitieron las guías nacionales de salud reproductiva, que son unas guías que tienen como objetivo capacitar a todo el personal, sobre todo al grupo de planificación familiar”.

“Premeditada y racista”

Los miembros del gobierno de Fujimori también trataron de desviar la culpa a los médicos y enfermeras, diciendo que algunos podían haber obrado sin escrúpulos.

Los funcionarios insisten en que el personal médico no tenía cuotas para cumplir, ni recibía bonificaciones por alcanzar las metas.

Gloria Cano, sin embargo, cree que la campaña fue una política de Estado premeditada y racista.

Ella representa a muchas de estas mujeres en Aprodeh, una organización de defensa de los derechos humanos peruana. “Estamos hablando de un problema que ha afectado en mayor cantidad a las mujeres pobres e indígenas”, dice.

“Hubo una política de desprecio hacia las personas más pobres, y no se puede hablar de negligencia médica”.

Luis Alberto Salgado, fiscal de Perú, admite que es difícil establecer si el programa constituyó un genocidio.

De todas formas, cree que una investigación judicial determinará si hubo intención criminal detrás del programa y “si los ministros de Estado sabían o deberían haber sabido que las esterilizaciones se estaban llevando a cabo a través de engaños, amenazas o coacción”.

Investigaciones anteriores han sido archivadas debido a las lagunas judiciales y la aparente falta de pruebas. Y ningún tribunal se ha pronunciado sobre el caso, ni ha enviado a nadie a la cárcel.

Pero Aurelia Paccohuanca está decidida a seguir adelante.

Trece años después de la operación, ya no puede cultivar la tierra a causa de complicaciones de salud y hace poco tuvieron que quitarle el útero.

“Si no me hubieran hecho la esterilización, habría vivido feliz con mi familia.

“Vamos siembre a luchar hasta el final, hasta que se haga justicia”.