Washington.-  El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas y a doce de sus ejecutivos de crímenes relacionados con la producción, distribución e importación de fentanilo y otros opioides en EU.

El fiscal general del Estado, Merrick Garland, anunció en una comparecencia de prensa estas imputaciones que, según recalcó, muestran que los elementos precursores utilizados para fabricar fentanilo proceden sobre todo de compañías químicas basadas en China.

Según explicó, estas empresas anuncian la venta de estos productos en internet utilizando plataformas diversas, y para evitar a la Justicia estadounidense utilizan direcciones de devolución falsas o facturas fraudulentas, así como etiquetados falsos o envases para ocultar los productos, como bolsas de comida para perros.

El fiscal general puso como ejemplo una de estas compañías, que vendía xilazina, utilizada para aumentar los efectos del fentanilo e incrementar así su valor.

Al contrario que con otros opioides, los efectos de la xilazina no desaparecen con el narcan -el medicamento para revertir una sobredosis-, y quienes la usan con fentanilo pueden sufrir graves heridas que acaban en desfiguraciones o amputaciones.

Una de las imputaciones fue posible cuando un ejecutivo recomendó a un cliente un precursor del fentanilo y le aseguró que llevaría un nombre distinto en el etiquetado para asegurar una venta segura. El cliente resultó ser un agente de la DEA, la agencia antidroga estadounidense.

“ Sabemos quién es responsable de envenenar al pueblo estadounidense con fentanilo, de destrozar familias y comunidades en todo el país”, dijo Garland en la comparecencia de prensa, y añadió que detrás de los cientos de miles de fallecidos hay una red de narcotráfico que alcanza a varios países y continentes.

“ Y sabemos que esta cadena global de suministro de fentanilo comienza con frecuencia con compañías químicas en China”, añadió.

El fentanilo es en este momento la droga más letal en Estados Unidos, 50 veces más potente que la heroína.

Las imputaciones se hicieron desde los tribunales de los distritos del Centro y Sur de Florida.