Miami.- La Administración de Donald Trump eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 76 mil hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos desde 1999, según un documento preliminar difundido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida, que entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para mañana martes, porque los dos países “ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS”.

El fin del TPS afectaría en particular a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de los beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso.

La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, afectará a un aproximado de 72 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses, según las estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.

El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11 mil 300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7 mil en Honduras y casi 4 mil en Nicaragua.

Pero aseguró que, desde entonces, “ha habido mejoras notables” en las condiciones de ambos países que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”.

Por ejemplo, consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, mientras que “nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos”.

La medida se revela menos de dos semanas después de que la Administración de Trump anunció el fin del TPS para cerca de 521 mil haitianos, lo que frenó un juez federal la semana pasada.

Mientras que la Corte Suprema autorizó en mayo al presidente Trump terminar con esta protección migratoria para 350 mil venezolanos.

Trump intentó eliminar este estatus desde su primer mandato para migrantes de países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, por lo que, tras estas medidas, otras comunidades temen ser las siguientes.