Nueva Orleans, Louisiana.– Una nueva escalada en la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump contra “ciudades santuario” comienza este lunes, con el inminente inicio del operativo federal “Swamp Sweep” en el sureste de Louisiana. Se anticipa el despliegue de unos 250 agentes, con el objetivo de arrestar a cerca de 5,000 personas, enfocándose principalmente en Nueva Orleans.

La operación estará a cargo del comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, conocido por liderar operativos agresivos y altamente cuestionados en otras ciudades de liderazgo demócrata, como Chicago, Los Ángeles y Charlotte.

Tácticas cuestionadas y cifras de Chicago

El despliegue ha generado profunda ansiedad en las comunidades latinas de Nueva Orleans. Bovino se ha convertido en el rostro de estas campañas de alto perfil, que han sido blanco de denuncias por el uso de tácticas desmedidas.

En las operaciones previas en Chicago, donde fueron arrestados más de 3,200 inmigrantes, se reportó que agentes federales descendieron de un helicóptero en un complejo de apartamentos y lanzaron gas pimienta y lacrimógenos contra manifestantes.

Documentos judiciales revelaron que, de casi 600 arrestos analizados en Chicago, solo un puñado de inmigrantes tenían antecedentes criminales que los calificaran como “un riesgo elevado a la seguridad pública”, según datos oficiales. El mes pasado, un juez federal de Chicago acusó a Bovino de mentir en el proceso y cuestionó el uso de químicos irritantes.

A pesar de las críticas, Bovino ha justificado su accionar en la red social X:

” Estamos encontrando y arrestando a inmigrantes ilegales, y haciendo que estas comunidades sean seguras para los estadounidenses que viven en ellas”, escribió.

Nueva Orleans, Bajo Presión del Estado Republicano

El Departamento de Justicia ha catalogado a Nueva Orleans como una de las 18 “ciudades santuario” por “socavar el cumplimiento de las leyes migratorias federales”. La policía local considera el cumplimiento de estas leyes como un asunto civil fuera de su jurisdicción, y su cárcel no coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayoría de los casos.

Sin embargo, la Legislatura estatal de Louisiana, de mayoría republicana, ha aprobado leyes estrictas para forzar a las agencias de Nueva Orleans a alinearse con la postura antiinmigrante. Las nuevas leyes:

– Convierten en un crimen el “afectar, demorar, impedir o interferir” en los esfuerzos de cumplimiento federal.

– Amplían el delito (con penas de hasta 10 años de cárcel) a funcionarios que se nieguen a cumplir con pedidos de agencias como ICE.

– Prohíben liberar a cualquier persona que “haya entrado o permanezca de forma ilegal” sin notificar previamente a ICE.

La Patrulla Fronteriza, que rara vez opera en áreas urbanas, ha generado un estado de zozobra en las comunidades latinas. Abogados de inmigración, como Miguel Elías, reportaron que las consultas para prepararse para el operativo se han disparado, obligándolos a trabajar a distancia debido al temor de la comunidad.

Elías comparó la situación con los preparativos ante un huracán, donde las familias compran alimentos, limitan sus salidas y hacen arreglos para llevar a sus hijos a la escuela, resguardándose en lugares seguros. Organizaciones de defensa de los inmigrantes han organizado entrenamientos sobre sus derechos y cómo documentar posibles abusos durante las redadas.

Se estima que, hasta 2023, unos 110,000 inmigrantes indocumentados vivían en Louisiana, muchos de ellos originarios de Honduras, con una población hispana que creció significativamente tras el Huracán Katrina en 2005.