Ciudad de México.- Rafael Antonio Olvera Amezcua, defraudador de centenares de jubilados y quien fuera dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, fue entregado por autoridades estadunidenses a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

A la entrega por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, la FGR cumplimentará contra Olvera Amezcua varias órdenes de aprehensión del orden federal que tiene pendientes.

Rafael Olvera, principal accionista de la microfinanciera Ficrea, intervenida en 2014 por el Gobierno mexicano debido a un desfalco millonario, fue detenido en mayo de 2019 en territorio estadounidense. Es señalado por defraudar a seis mil 800 ahorradores, con un monto que supera los seis mil millones de pesos.

Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, fue intervenida el 7 de noviembre de 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) después de que se detectaran irregularidades en sus reportes financieros.

El 19 de diciembre de ese año, el Gobierno anunció el cierre y liquidación de la empresa después de que se comprobaron numerosas irregularidades y operaciones fraudulentas que hacían inviable a la firma.

Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, dos mil 700 millones de pesos se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.

El 8 de enero de 2015, la Interpol emitió una “ficha roja” para localizar a Olvera Amezcua a solicitud de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, lo que implicaba que era buscado en 190 países.

Y el 5 de octubre de 2015 un tribunal federal mexicano declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior a monto de las deudas con sus acreedores.

Ahorradores afectados por las operaciones irregulares de la financiera han exigido al Gobierno la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Ejecutivo a través de la CNBV.

Con información de López-Dóriga Digital