Washington.- El Gobierno estadounidense aparentemente hizo caso omiso de órdenes judiciales al deportar la noche de este domingo a 17 personas más hacia una prisión de alta seguridad en El Salvador.

El envío de las 17 personas fue anunciado este lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo que se trató de una “operación antiterrorismo” y que los deportados presuntamente eran integrantes de las pandillas Tren de Aragua y MS-13.

“ Estos criminales ya no van a aterrorizar a nuestras comunidades y ciudadanos”, aseguró Rubio, que no ofreció evidencia alguna que respalde las acusaciones contra aquellos deportados.

Varios familiares de otras personas deportadas en días recientes han identificado a sus seres queridos en fotografías de gente en la prisión de alta seguridad salvadoreña, el CECOT, y han dicho a Noticias Telemundo que esas personas no pertenecen a ninguna pandilla.

Hay casos, por ejemplo, de un futbolista que estaba pidiendo asilo en Estados Unidos que sus familiares aseguran solamente fue deportado porque es de origen venezolano y tiene un tatuaje alusivo al equipo de fútbol Real Madrid.

La mayoría de las personas que han sido enviadas a esa prisión salvadoreña en la última semana son venezolanos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo eco de las declaraciones de Rubio afirmando que los 17 deportados incluyen a seis presuntos violadores de niños; tampoco ofreció pruebas de esto.

El envío de estas personas a El Salvador se dio pese a que tribunales en Estados Unidos le han ordenado al Gobierno del republicano Donald Trump suspender estos vuelos, dado que hay una serie de demandas en contra de la invocación de la ley que Trump está usando para realizar estas deportaciones sumarias.

Esa Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, puede invocarse cuando hay una invasión armada o militar. El Gobierno de Trump asegura que la llegada de personas inmigrantes que supuestamente son parte de pandillas califica como “invasión”.

Los jueces de los casos discrepan, diciendo que la ley se está queriendo usar “fuera del contexto típico de guerra” y que el debido proceso legal para deportar a las personas es que acudan ante un tribunal donde se determine si realmente son culpables de lo que se les acusa.

La Administración Trump ha respondido a las órdenes judiciales criticando a los jueces y a los tribunales, con funcionarios que han asegurado que el sistema judicial se está supuestamente extralimitando pese a que así en teoría funciona el sistema de pesos y contrapesos del sistema político estadounidense.

El Gobierno de Trump se ha rehusado a dar más detalles sobre estas deportaciones, alegando que se trata de un secreto de Estado.

“ Los demandantes nombrados rechazan ser miembros del Tren de Aragua y no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre el fondo de su impugnación”, ha dicho el juez James Boasberg, advirtiendo que las personas deportadas al CECOT se enfrentan a posibles “torturas, golpizas, e incluso la muerte”.

Con información de Telemundo