Washington, Estados Unidos.-  La administración Trump gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países distintos de los suyos, según un informe elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La práctica se amplió durante el último año para cumplir los objetivos del presidente Donald Trump de expulsar rápidamente a inmigrantes.

Los demócratas del panel, encabezados por la senadora Jeanne Shaheen, critican las deportaciones a terceros países por considerarlas “costosas, derrochadores y con escasa supervisión”, y piden un “serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”.

El Departamento de Estado, que supervisa las negociaciones para implementar los programas, ha respaldado las deportaciones a terceros países y las defiende como parte de la campaña de Trump para poner fin a la inmigración ilegal.

“Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”, respondió el secretario de Estado Marco Rubio cuando le preguntaron sobre las deportaciones a terceros países en una audiencia del Senado el mes pasado.

El informe —la primera revisión del Congreso sobre estos acuerdos— halló pagos globales de entre 4.7 millones y 7.5 millones de dólares a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos. El Salvador recibió a unos 250 ciudadanos venezolanos en marzo del año pasado, mientras que las otras naciones recibieron muchos menos deportados, desde 29 enviados a Guinea Ecuatorial hasta ninguno enviado a Palaos hasta ahora.

Las naciones examinadas en el informe son apenas una fracción del trabajo general de la administración Trump. Según documentos internos revisados por The Associated Press, hay 47 acuerdos con terceros países en distintas etapas de negociación. De ellos, 15 se han concluido y 10 están concluidos o cerca de concluirse.

La administración también está negociando acuerdos con países que aceptarán a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus solicitudes. Hay 17 en distintas etapas de negociación, incluidos nueve que han entrado formalmente en vigor, aunque la administración sostiene que los acuerdos no necesariamente deben estar concluidos para enviar gente allí.

Grupos defensores de los inmigrantes han criticado la política por considerarla una táctica irresponsable que viola los derechos al debido proceso y puede dejar varados a deportados en países con largos historiales de violaciones de derechos humanos y corrupción.

Durante una visita a Sudán del Sur, el personal demócrata del comité encontró una casa cercada con guardias armados donde se mantenía a deportados, incluidos migrantes de Vietnam y México.

Los demócratas también señalan lo derrochadora e ineficaz que podría ser la política. El informe detalla varios casos de migrantes deportados a un tercer país para que, posteriormente, Estados Unidos pagara otro vuelo para devolver al migrante a su país de origen.

“En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”, señaló Shaheen en un comunicado, también firmado por los senadores demócratas Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

Tampoco está claro qué beneficios podrían recibir —o esperar— los países a cambio de aceptar a nacionales de terceros países.

Según comunicaciones diplomáticas hechas públicas por el Departamento de Estado en enero, después de que el año pasado se estableciera un acuerdo, Sudán del Sur envió a Washington una lista de solicitudes que incluía apoyo estadounidense para el enjuiciamiento de un líder opositor y el alivio de sanciones para un alto funcionario acusado de desviar más de 1,000 millones de dólares en fondos públicos.

Shaheen también ha cuestionado un pago de 7.5 millones de dólares enviado a Guinea Ecuatorial que se produjo al mismo tiempo que la administración Trump desarrollaba vínculos con el vicepresidente del país, Teodoro “Teddy” Nguema Obiang, notorio entre los líderes mundiales acusados de corrupción por un estilo de vida lujoso que ha atraído la atención de fiscales en varios países.