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La Jornada
Publicado el martes, 23 de diciembre del 2025 a las 16:54
Washington, D.C.– El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes una medida sin precedentes al prohibir el ingreso al país a cinco ciudadanos extranjeros, entre ellos funcionarios de países aliados, acusados de promover acciones de censura contra plataformas tecnológicas estadounidenses. La decisión marca un nuevo punto de tensión en la disputa internacional sobre la regulación de contenidos en internet.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que los sancionados encabezaron presiones coordinadas para que empresas como Meta, X (antes Twitter) y Google retiraran, limitaran o desmonetizaran contenidos de opinión que no eran afines a sus posturas.
Aunque las identidades de los implicados se mantienen bajo reserva por razones de “seguridad nacional”, el Departamento de Estado precisó que en la lista figuran funcionarios de:
– Brasil
– Alemania
– Francia
– Reino Unido
Según Washington, estas personas intervinieron para influir en las decisiones de las big tech sobre contenido político o publicaciones catalogadas como desinformación, lo cual es visto por la administración estadounidense como una intromisión en la libertad de expresión.
Las restricciones se fundamentan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que faculta al Ejecutivo para negar el ingreso a cualquier extranjero cuya presencia afecte negativamente la política exterior de EU. Las medidas incluyen:
– Cancelación inmediata o negación de visas.
– Posibles procesos de deportación si los afectados ya se encuentran en territorio estadounidense.
– Extensión de las sanciones a familiares directos.
Marco Rubio enmarcó esta decisión dentro de la doctrina “América Primero” del presidente Donald Trump. El secretario advirtió que Washington no tolerará lo que considera ataques externos contra el derecho a la libre expresión de empresas y usuarios de Estados Unidos.
” “La lista de personas sancionadas podría ampliarse si continúan este tipo de prácticas”, sentenció Rubio en el comunicado oficial.
Este anuncio ocurre en medio de un intenso debate global. Mientras diversos gobiernos —incluyendo aliados de EU y países en América Latina— impulsan leyes más estrictas para combatir la desinformación y el discurso de odio, la administración Trump defiende una postura de mínima regulación, lo que proyecta nuevas fricciones diplomáticas en la era digital.
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