Nueva York.- Abogados del expresidente Donald J. Trump le han dicho al juez que preside el caso de los documentos que han empezado el proceso de obtener autorizaciones de seguridad, el primer paso de lo que es probable que sea una importante batalla sobre la evidencia clasificada antes del juicio.

Trump enfrenta 31 cargos de retención no autorizada de secretos de seguridad nacional de acuerdo al Decreto de Espionaje, junto con acusaciones de que obstruyó los esfuerzos que hizo el gobierno para obtener los documentos sensitivos, incluyendo el desafiar un citatorio.

El Decreto de Espionaje es una ley de la Era de la Primera Guerra Mundial que convierte en delito el mal manejo de secretos de seguridad nacional.

Para demostrar que Trump violó la provisión del Decreto, la fiscalía debe demostrar que tenía en su poder, sin autorización, información secreta “relacionada con la defensa nacional”, que podría dañar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero, y que no los regresó al gobierno.

Representa un peligro que un acusado revele información clasificada durante un juicio con la esperanza de forzar al gobierno a descartar un cargo penal.

Aunque el gobierno podría optar por desclasificar esa información para que pueda ser discutida libremente en una corte abierta, oficiales de seguridad podrían ver eso como algo demasiado arriesgado.

Aunque la Constitución le otorga a los acusados el derecho a un juicio público y al público el derecho de ver esos juicios.

Joshua L. Dratel, abogado de la defensa con autoridad sobre seguridad que ha manejado casos de terrorismo relacionados con evidencia clasificada, dijo que los oficiales de la defensa y de inteligencia usualmente no desean darle información a la fiscalía para que la utilice en el caso.

“Existe una tremenda tensión entre las agencias de inteligencia y la fiscalía que los abogados de la defensa pueden aprovechar”.

Presumiblemente, el jurado necesita ver por lo menos partes de cada uno de los 31 documentos señalados en la acusación para evaluar si reúnen los estándares del Decreto de Espionaje.

Aunque el problema no se limita sólo a esos documentos. Los abogados de la defensa podrían solicitarle al gobierno que entregue evidencia clasificada en la fase de revelación, y luego utilizarlos en el juicio.

Con información de The New York Times