Saltillo, Coah.-  Y cuatro años después, el Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales resolvió que el Municipio de Frontera debía abrir todo lo concerniente a su parque vehicular.

La resolución vino acompañada de una amonestación y amenaza de multa de hasta 155 mil 610 pesos, y que recibió la gestión de Roberto Piña Amaya; pero que se originó en 2019 por la Administración de Florencio Siller Linaje, al eludir responder una solicitud de transparencia.

Aunque se supone que los datos de los vehículos que pertenecen a cada municipio debe ser información abierta y disponible en los portales oficiales, la realidad es que no es así; por lo que se solicitó entregar esa información; y, ante la negativa, se generó el recurso de revisión identificado con el número 225/2019.

Pasaron los años, cambió la Administración municipal, y el Consejo del ICAI retomó el caso hasta el 15 de noviembre de 2022, cuando resolvió que se debía entregar la información solicitada.

No fue hasta el 29 de marzo de este año, cuando se emitió el dictamen de incumplimiento, es decir, cuatro y medio meses después, como consta en el oficio número ICAI-877/2023.

En el dictamen, firmado por la actuaria Isela Sarahí Herrera Durán, destaca que la Secretaría Técnica ordenó al sujeto obligado cumplir con la resolución emitida meses antes.

Y no fue hasta el martes 4 de abril cuando la Contraloría de Ciudad Frontera entregó la relación de sus vehículos, evitando así la multa por las violaciones a la Ley Estatal de Transparencia.

Cabe destacar que en los últimos años ha crecido la inconformidad ciudadana por las respuestas que están dando las instituciones públicas a las solicitudes de transparencia.

De acuerdo a información del ICAI, durante el año pasado se generaron 765 recursos de revisión ante las respuestas brindadas por los 127 sujetos obligados; lo que representa un incremento del 33.5%, en comparación con las 573 inconformidades generadas en 2020.

Son los ayuntamientos los que generaron la mayoría de las quejas, con 387 expedientes abiertos, seguidos por el Poder Ejecutivo, con 115 casos; organismos descentralizados, con 80; y los organismos autónomos con 78 recursos.