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Grupo Zócalo
Publicado el jueves, 26 de febrero del 2026 a las 04:11
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que la filial en México de Telefónica Movistar pague un adeudo fiscal de poco más de 4 mil 442 millones de pesos.
Por mayoría de votos, los ministros de la Corte resolvieron el amparo en revisión 1172/2025 de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, sobre un amparo de Hacienda contra Pegaso PCS, S.A. de C.V., filial de Telefónica en México, ya que determinó que la dependencia carece de legitimidad ya que es más bien una cuestión de ley y no de constitucionalidad.
“
Toda vez que en el caso no se advierte que subsista una cuestión de constitucionalidad de leyes que afecte a la autoridad recurrente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tercera interesada en el juicio de amparo, ésta carece de legitimación ad causam, presupuesto procesal indispensable para la procedencia del recurso”, indicó el ministro Espinosa Betanzo en su proyecto.
Además, desechó un recurso de Pegaso PCS relacionado con este asunto, ya que la resolución del amparo de la Secretaría de Hacienda lo deja sin efectos.
Con esta resolución, Telefónica tendría camino libre para la venta de Movistar en México, como lo ha hecho en otras partes de Latinoamérica.
Batalla legal de Telefónica Movistar
El asunto surgió de una deducción de impuestos por una fusión en 2014 realizada por la filial de Movistar en México, derivado de su fusión en 2007, por lo que en 2019 el SAT decidió cobrar el crédito fiscal.
En 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la deuda fiscal de Telefónica, sin embargo, en 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito falló a favor de Movistar y declaró la nulidad del crédito, por lo que Hacienda llevó el asunto al máximo tribunal del país.
Hace una semana, la Corte resolvió que Telefónica tendía que pagar 2.2 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso por un programa de autorregulación de lavado de dinero.
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