Saltillo, Coah.- Los titulares de los fondos de Pensiones, Vivienda, Seguro del Maestro y Servicio Médico, desde el 2004 se han negado a hacer pública su información financiera y fiscal, no obstante ser organismos descentralizados del Gobierno del Estado, con lo que podrían enfrentar un proceso de separación del cargo o inhabilitación, independientemente de las sanciones de orden civil o penal que procedan.

En estos momentos, la gestión de Alejandro Campos García, ex dirigente de la Sección 38 del Magisterio es investigada por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas del 2006 y 2007, por un monto cercano a los 362 millones de pesos.

Manuel Gil Navarro, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, informó que con fundamento en la nueva ley en la materia exigirán a los responsables hacer pública la información mínima.

El anterior ordenamiento establecía la obligatoriedad de publicar la información pero no contemplaba sanciones, mientras que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que entró en vigencia el uno de diciembre pasado contiene, un apartado para sancionar el ocultamiento, alteración o retraso de información no confidencial.

Afirmó que la información de los organismos debe estar disponible en internet, ya que son entidades públicas descentralizadas y por lo tanto tienen las obligaciones que marca la ley.

Entre otra información, deben hacer pública la nómina, los recursos públicos recibidos, la estructura orgánica y las funciones que desempeñan.

“Quien no cumpla con estas obligaciones podrá ser responsable a determinadas sanciones. Estos organismos no han cumplido con su obligación de subir la información a la página; establecimos contacto con ellos, no hemos obtenido respuesta”.

“Desde el primero de diciembre del 2004, ellos tendrían que haber puesto esta información disponible en internet y no lo han hecho”, aseguró, al indicar que a la brevedad posible requerirán a los titulares de las entidades publicar la información pública mínima y tendrán como plazo el uno de marzo próximo, de lo contrario se harán acreedores a sanciones.

Las sanciones van desde amonestación pública y privada, multa, suspensión e inhabilitación para volver a ocupar cargo público.

Por su parte, Ismael Ramos, secretario de la Función Pública, señaló que están confirmadas las irregularidades en los cuatro organismos descentralizados al adjudicar obras y compras sin los requisitos de ley, además de realizar transferencias de recursos de manera ilegal al sindicato, entre otros hechos presumiblemente constitutivos de delitos.

Una vez completamente integrados los expedientes, la SFP informará a la PGJE para aplicar la sanción penal que corresponda.

“Estamos integrando el expediente para determinar responsabilidades y pasarlo a la Procuraduría para que inicie la averiguación previa correspondiente y determinar si hay sanción penal que aplicar”.

Foto: Ernesto Acosta

“Desde el primero de diciembre del 2004, ellos tendrían que haber puesto esta información disponible en internet y no lo han hecho”. Manuel Gil Navarro, consejero presidente del ICAI.

“Estamos integrando el expediente para determinar responsabilidades y pasarlo a la Procuraduría para que inicie la averiguación previa correspondiente y determinar si hay sanción penal que aplicar”. Ismael Ramos, secretario de la Función Pública.