Ciudad de México.- Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), promovió un amparo contra la vinculación a proceso que le fue dictada por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y desaparición forzada, derivados del caso Ayotzinapa.

La demanda quedó radicada en el juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero no ha sido admitida a trámite. La jueza Luz María Ortega Tlapa publicó un acuerdo donde ordena al ex funcionario que aclare su demanda de garantías en un plazo de cinco días, de lo contrario se tendrá por no presentada.

“ Se apercibe al peticionario de amparo que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo…”, detalla el acuerdo publicado ayer.

A principios del presente mes, Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, lo vinculó a proceso por los mencionados delitos, pero resolvió no procesarlo por los de intervención de comunicaciones y coalición de servidores públicos.

La unidad a cargo de Gualberto Gutiérrez, en la en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fue la primera en conocer que entre los normalistas desaparecidos había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, entre ellos, Julio César López Patolzin.

La Fiscalía General de la República (FGR) presume que el ex funcionario supuestamente estuvo presente cuando el presunto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, fue torturado para que revelara el paradero de los estudiantes.

Con información de Milenio