Aún no cumplía los 13 años cuando, en un barrio popular de la Ciudad de México, fue vendida a cambio de varias latas de cerveza. La mujer que realizó la transacción -presuntamente su madre o su abuela materna- permanece en el anonimato, y hasta hoy sigue sin esclarecerse con certeza su identidad. Sin embargo, para dimensionar el drama y la denuncia social que este hecho representa, no resulta relevante conocer con exactitud el vínculo familiar. Un hombre violento truncó las aspiraciones y sueños de la niña, repitiendo con ella el patrón de abuso aprendido en su entorno y canalizando su rencor hacia las mujeres que lo habían marcado.

Durante su juventud, ella trabajó en la economía informal vendiendo cosméticos puerta a puerta. También intentó ganarse la vida como masajista a domicilio. Finalmente, su complexión atlética la llevó a incursionar en la lucha libre femenina bajo el seudónimo de La Dama del Silencio. Desde hace algunos años, se encuentra recluida en un Centro de Readaptación Social Femenil, cumpliendo una condena por el asesinato de varias personas de la tercera edad.

Durante el prolongado proceso de investigación para identificar y detener a la autora de los crímenes, varios periódicos de la capital mexicana abordaron el caso desde una perspectiva comercial y sensacionalista, estructurándolo como si fuera una telenovela por entregas. Este formato, más rentable desde el punto de vista financiero, atrapaba al lector habitual, que suele preferir relatos noticiosos presentados de forma sencilla, espectacular y con un tinte casi profético. En cambio, los enfoques antropológico y economicista -aunque menos llamativos y “vendibles”- abordan dimensiones que ofrecen una visión más amplia y crítica del acontecimiento criminal. Este artículo, desde esa perspectiva más científica, reflexiona sobre dos sectores especialmente vulnerables en el país: la niñez y la vejez.

Violencia estructural

El Artículo 4 de la Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Este mismo artículo señala que el Estado orientará sus políticas públicas hacia el fortalecimiento de la familia.

A principios del siglo 21, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual reconoce y protege a toda persona de 60 años o más residente en México, obligando al Estado y a la sociedad a garantizar su bienestar, especialmente en ámbitos como la salud, la alimentación y la inclusión social. No obstante, el papel del Estado ha sido insuficiente y fragmentado en la atención tanto a la infancia como a los adultos mayores. El sector privado ha intervenido con la creación de centros de atención para niñas y niños con discapacidad, así como casas de retiro para personas mayores, ofreciendo servicios en algunos casos por debajo del precio de mercado, mediante esquemas de subsidio o donaciones.

El término violencia estructural, acuñado por el sociólogo Johan Galtung, se refiere al daño que sufren ciertos sectores de la población como resultado de las desigualdades sistemáticas integradas en las instituciones y estructuras sociales. No se trata de violencia física, sino de una forma de opresión silenciosa, que se manifiesta cuando los sectores más pobres o vulnerables no pueden acceder en igualdad de condiciones a satisfactores sociales básicos como vivienda, salud, educación y justicia.

Esta forma de violencia es consecuencia directa de la ausencia, lejanía o negligencia del Estado, que permite o incluso reproduce asimetrías económicas y sociales. El resultado es una sociedad polarizada, dividida entre quienes viven en condiciones de exclusión o marginación y aquellos que tienen acceso estable a derechos, servicios y oportunidades.

Pobreza infantil

En su más reciente informe anual sobre la situación de la niñez y adolescencia en México, la Unicef estimó que entre 2020 y 2022 alrededor de 19.5 millones de bebés, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años vivían en condiciones de pobreza, y un porcentaje considerable en pobreza extrema.

No existe una cifra precisa sobre cuántos menores pernoctan en espacios públicos -debajo de puentes o en entradas de edificios- y que por la mañana se integran a la economía informal, desempeñándose como limpiadores de parabrisas en cruceros o solicitando ayuda en mercados urbanos.

En la Ciudad de México, se estimó que entre 2023 y 2024 había al menos 118 mil menores de edad en situación de calle, cifra que refleja sólo una fracción del problema, debido a las limitaciones de los censos oficiales, como los del Inegi, que aún no alcanzan ese nivel de detalle microterritorial. A esta población vulnerable se le ha denominado oficialmente niñas, niños y adolescentes en situación de calle, un concepto que implica tanto la falta de vivienda como la desvinculación de redes familiares y escolares. En comunidades indígenas, los niveles de pobreza extrema alcanzan 50 %, y casi 94 % carece de seguridad social (Fuente: Unicef).

Mientras tanto, la representación mediática del fenómeno a menudo carece de profundidad. Algunos programas televisivos, como La Rosa de Guadalupe, tienden a romantizar o trivializar la pobreza infantil, distorsionando las causas estructurales que la originan y perpetúan.