Seguridad
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La Jornada
Publicado el sábado, 22 de noviembre del 2025 a las 17:47
Acambay, Mex. – Un nuevo golpe a la corrupción policial se ha consumado en el Estado de México. Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, fue sentenciado a una pena de 46 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión, convirtiéndose en el décimo sexto servidor público condenado tras las investigaciones derivadas del operativo “Enjambre”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que esta sentencia forma parte de los resultados del operativo que busca desarticular las redes de crimen organizado que operaban desde los gobiernos locales y comandancias de policía. Hasta la fecha, la FGJEM ha obtenido 10 sentencias de condena contra 16 individuos ligados a estas estructuras.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, González Hernández utilizó su posición para delinquir.
– Junio de 2024: El excomisario contrató personal para realizar diversos “trabajos”.
– Agosto de 2024: Ordenó a sus subalternos vigilar y levantar al dueño de una pollería ubicada en el municipio.
– El mando policial fue identificado como el encargado de entregar las armas de fuego a los delincuentes.
Cuando las víctimas se negaron a realizar el pago de la extorsión exigido, el entonces jefe de la policía de Acambay “los amenazó con ‘meterlos a la cárcel’ y hacerles daño a sus familiares”, detalló la FGJEM.
La trayectoria criminal de Eulises González Hernández no se limitó a la extorsión. El exservidor público fue detenido en el marco del operativo “Enjambre”, implementado en diversas regiones, incluyendo Ixtapaluca y Chicoloapan.
Además de su condena por extorsión, la FGJEM recordó que González Hernández fue un actor clave en la desaparición forzada del comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, Agustín “N”, y de su escolta, Juan Carlos “N”.
Apenas el pasado 27 de octubre, el ex mando policial recibió una sentencia de 68 años y 6 meses de prisión por este segundo delito.
Operación Enjambre: La FGJEM explicó que esta estrategia investiga la “probable relación de individuos, principalmente servidores o exservidores públicos municipales, con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia”.
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