Ciudad de México.- Juan Manuel “N”, “El Mono”, quien presuntamente fue enlace de los Zetas en Europa, está entre los gasolineros que presuntamente usaron estaciones de servicio para vender combustible traído de contrabando desde Estados Unidos, de acuerdo con una carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso del “Mono” está referido en el expediente que permitió la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como otros nueve marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.

En una ficha de “alertamiento” denominada “Asunto: Noticias sobre la comisión de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el Mercado Criminal de Energéticos en materia de Hidrocarburos”, se refieren varios casos publicados en medios, entre ellos el del empresario coahuilense.

El pasado 22 de mayo, “El Mono” fue detenido en Torreón y se aseguró una pipa en la que presuntamente se transportaba hidrocarburo de procedencia ilícita, pero dos días después se le concedió la libertad condicional.

El empresario aseguró que compró combustible a la empresa Ingemar, la cual fue acusada de introducir 15 millones de litros de hidrocarburos asegurados en Ramos Arizpe y Saltillo, sin saber que se trataba de contrabando.

Destapa cloaca ‘huachicol fiscal’

El cártel Jalisco Nueva Generación tuvo bajo su control una intrincada red de complicidad entre marinos, funcionarios, agentes aduanales, exportadores e importadores, distribuidores y empresarios gasolineros.

Todo se articuló en torno a los hermanos y jefes navales, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes facilitaron el ingreso ilegal de millones de litros de “huachicol” fiscal a través de las aduanas; también se indaga el tráfico de fentanilo.

De acuerdo con la carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República, dos de los principales beneficiarios eran las empresas Intanza y Azteca Cone, con domicilios fiscales en Nuevo León.

La empresa Mefra Fletes, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, era el enlace con el CJNG. Su representante legal era al exjuez Anuar González Hemadi, destituido por proteger a los “Porkys”, un grupo de jóvenes acusados de violar a una menor en Veracruz.

Mefra operó con al menos 15 empresas factureras y fantasma, según las primeras indagatorias reportadas en abril pasado.

Uno de los socios de Mefra es Eric Daniel Zamora Delgadillo, acusado en en Estados Unidos de lavar dinero para el CJNG a través de la empresa Ecocarburante e incluso fue incluido en la lista negra de entidades involucradas en crímenes financieros y narcotráfico (la llamada lista OFAC).

Otra compañía involucrada en la importación ilegal del combustibles es Ikon Mldstream LLC, con sede en Houston, Texas, que es la empresa que presuntamente vendió en Estado Unidos el producto.

Estas empresas fueron las que importaron los 14 buques que contenían gasolina en lugar de aditivos, como se asentó en los pedimentos de importación.

Según los registros entregados por la aduana de Tampico, entre 2024 y 2025 estas empresas fueron las responsables de la importación de millones de supuestos aditivos para aceites lubricantes a granel que llegaron en 31 buques.

En el caso de Intanza, también estaría detrás de la importación ilegal de diésel que llegó en marzo pasado en el buque Torm Agnes al puerto de Guaymas, Sonora, luego de que las autoridades ya habían realizado operativos en la aduana de Tampico.

De acuerdo con el expediente integrado por la FGR, los hermanos Farías Lagunas, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, se hicieron del control de varias aduanas, entre ellas las de Tampico, Altamira y Guaymas, colocando a personal naval leal a ellos o a quienes detectaron que eran susceptibles de ser corrompidos.

Era marino retirado el ‘rey del fentanilo’ además de comandar ‘huachicol fiscal’

Procesan a 10

Un juez federal determinó que el vicealmirante Manuel Roberto “N” y otros nueve marinos y funcionarios aduaneros fueran vinculados a proceso ayer por la madrugada ante el escándalo de que formaban parte de una presunta red de “huachicol fiscal”, mientras que un juez de control pidió la captura de Roberto Blanco Cantú, “Roberto Brown” o “El Señor de los Buques” y tres de sus socios.

En una audiencia de más de 17 horas, Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, abrió proceso a los 10 marinos y funcionarios de aduanas, mientras que al empresario y sus tres socios se les emitieron órdenes de arresto por el caso de los 8 millones de litros de “huachicol fiscal” asegurados en marzo de este año, en Ensenada, Baja California. 

Los fiscales imputaron a los marinos y exfuncionarios de ser parte de una organización criminal que permitió descargar 31 buques de combustible bajo la modalidad de “huachicol fiscal” entre el 4 de abril de 2024 y el 19 de marzo de 2025, a través de los recintos fiscales 289 y 290 en las aduanas de Altamira y Tampico. 

Uno de ellos fue el buque Challenge Procyon, en el que hace medio año se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburos importados por la empresa regiomontana Intanza.

Ligan a Adán  Augusto con  contrabandista

El exgobernador de Tabasco y  actual senador, Adán Augusto López, presuntamente tiene amistad con el cesionario del recinto fiscal 289, de Tampico, Tamaulipas, en donde se descargaron barcos con combustible de contrabando. 

De acuerdo con el testigo colaborador “Santo”, cuya declaración está contenida en la carpeta de investigación judicializada por la FGR, fue advertido por un almirante de la Secretaría de Marina que no se metiera con el empresario que administra ese recinto. 

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Sólo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaban trabajando con personas de la delincuencia organizada, eso me lo dijo un Almirante del puerto de Tampico y que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López y que no podía hablar por tratarse de las relaciones y personas que eran”, indicó el testigo. 

El gobierno de AMLO supo desde 2020 de mini refinería ligada a ‘La Barredora’