Ciudad de México | Tijuana, BC.- A través de 36 mil empresas socias, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) intensificará una campaña pública para denunciar y exhibir la irresponsabilidad del Congreso de la Unión, comenzando con las entidades con elección a Gobernador y a nivel internacional, anunció el presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos Walther.

“Si los políticos no quieren comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas, que asuman las consecuencias en las urnas.

“Comenzaremos con aquellos que están pidiendo su voto en los estados donde habrá elecciones para gobernadores el 5 de junio”, dijo.

Además, se denunciará a nivel internacional la situación que vive México, expresó el líder de la Coparmex durante una reunión en Tijuana con representantes de 65 centros empresariales.

De Hoyos Walther refirió que más de 600 mil mexicanos firmaron la iniciativa ciudadana de una ley de responsabilidades administrativas.

“Denunciaremos ante instancias internacionales y de organismos aliados lo que los legisladores están haciendo a los mexicanos, manteniendo un sistema de privilegios y de impunidad en contra de los ciudadanos, ante el Comité Anticorrupción, en la OCDE y la OEA, en el Foro Empresarial Iberoamericano Anticorrupción en agosto en Ciudad de México y en el Consejo Empresarial Iberoamericano”.

Debilidades

El gran potencial de crecimiento y desarrollo de México encuentra hoy un gran obstáculo; la debilidad de sus instituciones reflejado en un sistema legal, de justicia y penal, donde la corrupción y la impunidad son el principal lastre, afirmó De Hoyos Walther.

“Tenemos en una gran parte la clase política lejos de sensibilizarse ante los problemas de inseguridad, de injusticia, corrupción y de pobreza, siguen beneficiándose de manera ilegítima de los recursos públicos, en algunos casos esas corruptelas le cuestan la vida a las personas”, sostuvo.

“Particularmente a los más pobres y a los más desprotegidos; en otros países de América Latina se discuten y castigan ya los casos de corrupción de políticos; hay casos abiertos que no distinguen las jerarquías políticas, en este clima de corrupción y de impunidad destaca la falta de compromiso cívica, y eso sí un gran cinismo de los representantes del Poder Legislativo”.

El líder empresarial destacó que los legisladores violaron la Constitución y no respetan los plazos legales que ellos mismos impusieron para el 28 de mayo, y decidieron postergar la discusión y en su caso aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Con esta actitud dan abiertamente la espalda a los mexicanos que exigen el fin de la corrupción, de la impunidad y de la opacidad; pareciera que en México los primeros en no respetar la ley son quienes tienen la obligación de crearlas, es decir, los legisladores”, advirtió.

Fuerte molestia

El miércoles, los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones, del próximo 13 al 17 de junio.

Tras el anuncio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, urgió al Senado de la República a aprobar en el periodo constitucional las leyes que darán vida al SNA.

Es necesario que se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil, que se incluya el tema de 3de3, dijo el líder empresarial durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez.

Acordaron una agenda conjunta entre el sector privado y el Gobierno para combatir el tema de la corrupción, que anualmente le cuesta al país 9% de su Producto Interno Bruto, según estadísticas del Banco de México.

“Hacemos un llamado al Senado y al Congreso, a las fracciones parlamentarias a que generen los consensos para dictaminar las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, comentó Castañón.

De la misma manera, las organizaciones ciudadanas que impulsaron leyes de transparencia y candados anticorrupción, criticaron que el Legislativo no vaya a cumplir con el periodo constitucional del 28 de mayo.

“Estamos ante un muy frustrante impasse que se deriva de pretextos más que de razones, es decir, desde hace varias semanas tenemos trabajados por lo menos cinco de las siete leyes que implican este primer paquete que conformaría el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Faltan dos cosas: falta la parte penal, falta la adaptación del Código Penal a nuevos tipos de corrupción, y falta una discusión de cómo queremos a la Fiscalía Anticorrupción”, aseguró Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad. (Con información de Reforma)

LM