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Redacción
Publicado el jueves, 19 de junio del 2014 a las 14:01
Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud, el DIF-Coahuila y la PGJE deben investigar las condiciones con que opera la casa de reposo Mi Fortaleza, para garantizar que los ancianos reciban adecuada atención y no estén en riesgo.
El diputado Samuel Acevedo Flores explicó que las tres instancias tienen la obligación de intervenir, puesto que están obligadas a revisar el funcionamiento de estos centros y el descuido o maltrato a los adultos mayores es motivo de delito.
Zócalo Saltillo reportó que el sábado anterior una mujer incapacitada para hablar y caminar resbaló de la cama y se abrió la cabeza, aun así la directora, Érika Esquivel, impidió que practicantes de Enfermería llamaran a la Cruz Roja y sólo pidió que la subieran a la cama, lo que implicó riesgo, pues al parecer ameritaba sutura y toma de radiografías para descartar una lesión de gravedad.
Trascendió además que a otra mujer la amarran a un sillón para evitar que vaya a la cocina por alimento y que coma lo que tenga a la mano, incluso insectos. A otro no le prestan atención por “chiflado”. A las personas les falta aseo y limpieza, pues tardan horas en cambiarles el pañal. Son alrededor de 17 personas y la mayoría no pueden valerse por sí mismas.
Acevedo Flores urgió la intervención de las autoridades para evitar que quienes permanecen en el asilo estén en riesgo al ser tratados como “animalitos”.
“Eso refleja falta de sensibilidad, de ética, de profesionalismo, de dedicación. Ella –la directora– no debe estar a cargo de una institución que requiere mucho cuidado y amor.
“Salud debe investigar la manera en que está funcionando este centro de atención a los adultos, porque no podemos dejar en manos irresponsables a personas que entregaron su vida al país. No porque sean adultos tienen que ser tratados como si fueran nada o animalitos”.
Consideró que el DIF-Coahuila y la misma PGJE deben intervenir, ya que el descuido puede llevar a consecuencias fatales.
“Descuidar a un anciano, el abandono de una persona vulnerable es un delito, no es situación meramente administrativa”, planteó.
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