Saltillo, Coah.- Ante el tortuguismo de la Fiscalía General del Estado y de autoridades federales, “Familias Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila”, FUNDEC, exigió que la transición de Gobierno en el estado no afecte los avances y, en cambio, la administración que encabezará Rubén Moreira agilice las tareas de investigación en los más de 200 casos de desaparición forzada registrados.

“En la últimas audiencias que hemos tenido en la Fiscalía para abordar el tema de las desaprisiones, las actuales autoridades se han comprometido con FUNDEC de facilitar el proceso de transición y FUNDEC ha estado exigiendo que no nos vuelva a pasar lo de siempre: volver al punto de cero cuando cambian funcionarios”, señaló Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Indicó que están pidiendo al gobernador electo Rubén Moreira Valdez una entrevista para abordar esta problemática y plantearle la exigencia de que se fortalezca la tarea de investigación y búsqueda de personas desparecidas.

“Nosotros queremos seguir confiando pese a que cuesta mucho, desgraciadamente todas las autoridades a nivel federal como estatal en términos de discurso manejan un compromiso real y férreo con los derechos humanos, sin embargo, en la realidad que vivimos es otra”, sostuvo.

Blanca Martínez, también representante legal de FUNDEC, sostuvo que el tema de desapariciones forzadas en México está en la agenda internacional, y cada vez son más los países (como los que integran Unión Europea) preocupados por la inseguridad en Coahuila.

“Vamos a seguirlos buscando y les anunciamos que vamos a armar un plan de búsqueda ante la ineficacia de las autoridades federales y estatales” sentenció.

Recordó que recientemente presentaron una iniciativa para crear una Fiscalía sobre el tema de desaparecidos en la que se comprometió el Secretario de Gobierno de la República como parte de los acuerdos de la Mesa de Chapultepec junto al movimiento que encabeza Javier Sicilia, sin embargo han visto una simulación de justicia a través de lo que las autoridades han llamado Procuraduría de Atención a Víctimas, una procuraduría social que ni si quiera cuenta con recursos.