Puebla.- El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana se pronunció porque las autoridades estatales y federales apliquen castigo a los responsables de la muerte de los opositores al proyecto minero de Oaxaca.

Oscar Arturo Castro Soto, director del instituto en Puebla, demandó a las autoridades ante los homicidios en contra de Bernardo Méndez Vásquez y Abigail Vásquez Sánchez, asesinados el día 18 de enero del 2012 y de Bernardo Vásquez Sánchez, quien murió el 15 de marzo del 2012.

De igual manera exigió la protección inmediata al resto de la familia Vásquez Sánchez, ante la muerte de Bernardo y dos de sus hermanos han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la comunidad.

“Denunciamos la presunta responsabilidad del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa Minera Cuzcatlán-Fortune Silver Mines por las responsabilidades en que hayan incurrido”, enfatizó.

A nombre del IDHIE solicitó Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, su intervención inmediata en favor de la comunidad, ante el conflicto social de San José del Progreso y frente a los intereses de la empresa.

Al gobierno federal pidió la salida inmediata de la empresa canadiense Fortune Silver Mines del territorio nacional, causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos.

Cabe recordar que las hoy víctimas y lesionados fueron miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), y que desde hace más de tres años han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

A decir de la COPUVO la empresa minera incurrió en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas, afectando las condiciones de distribución de agua en la comunidad.