Saltillo, Coah.- Madres, esposas, hijos y sociedad civil llevaban en sus cuerpos cada una de las letras que componen las palabras “justicia” y “desaparecidos”. Caminaban lento y con sus brazos bien unidos para recordar a las víctimas de desaparición forzada en Coahuila y en México, donde pugnan por una ley general que prevenga y erradique este delito.

El resonar de las campanas de la parroquia del Ojo de Agua, acompañó la salida del contingente de familias de desparecidos que marcharon para visibilizar su sufrimiento en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, según la ONU.

“¡Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los queremos!”, gritaban por la calle de Hidalgo, vistos por personas que no se atrevían salir de su casa para seguirlos.

“¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!”, gritaban desde el contingente, al que se le unió un grupo de motociclistas de Saltillo y Nueva Rosita, quienes aceleraron los motores de sus motocicletas en señal de solidaridad.

“¡Ayotzinapa vive! ¡Allende vive! ¡Únanse, únanse, pues su hijos puedan ser! ¡Ahí están, los culpables ahí están!”, gritaban mientras pasaban por el Palacio de Gobierno para seguir la marcha por la calle de Victoria hasta la Alameda Zaragoza.

“¡El pueblo mirando también está ayudando!”, exclamaban, al ver las decenas de personas que interrumpían sus compras para ver las mantas de sus exigencias, pues incluso turistas americanos preguntaban por qué se manifestaban esas mujeres en Saltillo.

Tras la marcha, que finalizó en la Plaza de Armas, las voces de las madres y esposas de desaparecidos no se apagaron para repetir cada uno de los nombres de sus seres queridos arrebatados, pues suman casi 500 casos que Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos de Coahuila (FUNDEC), busca entre los más de mil 600 desaparecidos oficialmente en la entidad. Las denuncias siguen surgiendo pues en este año unos 15 casos más han sido registrados. La demanda fue clara, una ley que cuente con su opinión.

Como un acto de amor y de recuerdo, las familias pusieron el nombre de sus seres queridos en un corazón, además colocaron un moño negro en una de las ventanas del Palacio de Gobierno en señal de la pérdida de la justicia y la verdad para sus víctimas.

SENTENCIA JUSTA PARA PERPETRADORES

La Ley General de Desaparición Forzada que proponen las familias deberá llamar a las víctimas por su nombre “desaparecidos”, e impondrá una penalidad de 60 años equiparándola al
delito de secuestro.

“El Ejecutivo está proponiendo una ley de personas no localizadas, y no para prevenir y erradicar la desaparición. Por si acaso alguna vez hubiera desapariciones, eso es fatal, porque es un no reconocimiento a la problemática y un pésimo punto de entrada. (…) Estamos proponiendo un ley de desaparición de personas forzadas, por particulares o por autoridades o con complicidad de autoridades”, aseveró Blanca Martínez, titular del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Indicó que este 3 de septiembre se llevará a cabo, en el Distrito Federal, una reunión de representantes de colectivos para juntar todas las propuestas que emanaron en los 7 encuentros donde discutieron la ley:

De acuerdo a la activista, en Coahuila pese a que se posee una de las figuras típicas más avanzadas en América Latina sobre el delito de desaparición, no hay consignaciones sin sentencias por este delito debido a la ineficacia de los ministerios públicos.

“Se siguen consignando como secuestros, o privación de la libertad con la agravante de ser funcionales y el argumento que ponen es que la penalidad es más alta, sin embargo, en términos de justicia y de no repetición es importante que los delitos se juzguen por lo que son”, precisó.

‘PAPÁ, TE SEGUIMOS ESPERANDO’

“Lo que hacemos es apoyar a los que están en FUNDEC para encontrar a mi papá, quisiera decirle que lo extraño mucho, que espero que regrese pronto y a Dios le pido que me lo regrese”, dice Ana Estefanía, quien tenía 6 años cuando unos hombres se llevaron a su padre, José Juan Peña Espiroqueta.

La tarde de un 13 de marzo de 2011, su familia estaba lista para ir a una fiesta, su hermana se había adelantado, pero cuando Juana María Castillo, su madre, vio entrar a unos hombres armados que vestían botas iguales a las de un soldado, no dudó en esconderla a ella y a su otro hermano. Desde entonces no saben nada de su padre.

“Mi niña tiene 10 años, lo extraña mucho, a veces se pone triste y llora porque dice que ve a las familias que van con su papá y ella no lo tiene. Ve el programa de Laura y dice ‘vamos ahí como ella, ella si encuentra a los que se pierden, vamos para que me regrese a mí papá’”, relata Juana María.

No ha tenido respuesta de los ministerios públicos, pese a que aportó pruebas de que a su esposo se lo llevaron de su casa, en aparente complicidad con la Policía Municipal de Saltillo. No sólo se llevaron a su esposo, sino a su hermano Jesús Fernando Castillo, y a un joven llamado Rubén Limón.

La desaparición impactó a su familia. El niño de 14 años se volvió más rebelde y su hija de 17 prefiere aislarse. Ella ahora trabaja para darles educación y seguridad médica. Lleva la foto de su esposo, quien era supervisor desde hacía 14 años en una empresa ubicada en el bulevar Vito Alesio Robles.

En cuatro años su familia ha pasado de todo, incluso demandas de Infonavit porque ya no pudieron pagar su casa, aunque gracias al avance de las leyes en Coahuila la
deuda está suspendida.

“Gracias a Dios me puse a trabajar con lo que gano y con el poquito apoyo de mis familias estoy saliendo al día con mis hijos. Soy operaria, pero es dejar a mis hijos solos, ir tiempo extra para completar porque sólo pagan mil 300 pesos por semana”, explica ante lo difícil que ha sido mantener a su familia sin su esposo.

Junto a su pequeña Ana, coloca el nombre de su esposo en un enorme corazón rojo. Es el tributo a su memoria, pues aún lo siguen esperando en casa.