Saltillo, Coah.- En los conflictos laborales en la región, en muchos casos no se están siguiendo las vías legales para presentar inconformidades y exigir el pago de utilidades que conforman del derecho constitucional, lo que podría llegar a consecuencias penales en caso de paros ilegales, aseguró María del Los Ángeles López Martínez, Presidenta de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de Previsión Social (AMDTPS).

En entrevista para Despega Con Chuchuy de TeleSaltillo, la abogada habló de la importancia de que los trabajadores en lo individual tanto como sus líderes sindicales conozcan sobre sus derechos, además de priorizar la mediación y los medios alternos, porque además, “no siempre que haya un paro, habrá un bono”.

Señaló que es a raíz de prácticas como el outsourcing, en su momento, normalizaron prácticas como la entrega de bonos de solidarios por concepto de utilidades sin importar el nivel de ganancias de la empresa, que, aunque “es un derecho constitucional está sujeto a que haya utilidades y que los bonos deben estar pactados en un contrato colectivo, no es obligatorio, ni tampoco el paro es el mecanismo para llevar a cabo la exigencia de una prestación”.

Reconoció que “estamos viviendo una nueva legislación laboral, una nueva regulación del derecho del trabajo… necesitamos mucha comunicación e información. Es muy triste que un trabajador en defensa de sus derechos, llegue a ser un paro de labores y pueda resultar denunciado penalmente”, señaló, y es que con un paro “ilegal”, “se afecta una fuente productiva global que tiene una regulación especial y puede haber una sanción específica para quienes realizan estos actos”, puntualizó.

Aunque reconoció que el “no pago de utilidades”, es un motivo de huelga, hay que seguir el cauce correspondiente. De entrada, se requiere participación del 30% de los trabajadores previamente antes de iniciar un movimiento del que se deberá informar a las autoridades laborales. Acudir ante inspectores del trabajo, es una alternativa viable. En el caso de Tupy que a la fecha mantiene un paro en sus actividades, fue derivado de la insatisfacción del monto que la empresa reportó a sus colaboradores.

En este momento y hasta el último día de mayo, transcurre el plazo para presentar las inconformidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ya sea en grupo o de manera individual, esta dependencia podrá fiscalizar todo el ejercicio en cuestión. Si esto arroja un resultado distinto a las utilidades, tendrá que subsanarse la diferencia.

“ El trabajador palpa, sabe, conoce cómo opera una empresa… claro, hay factores que influyen en un mayor costo de las operaciones, el dólar influyó en gran medida en estos resultados”, explicó.

Cabe mencionar que López Martínez, desde hace un mes, se convirtió en la primer mujer presidenta de esta asociación nacional con 65 años de, el organismo que integra a miles de agremiados, siendo la más grande en el país.