Monclova, Coah.- En Coahuila, la emisión y uso de títulos académicos falsos puede acarrear penas penales severas. A nivel federal, el Código Penal establece de 4 a 8 años de prisión y multas de 200 a 360 días para quienes falsifiquen documentos públicos como títulos profesionales. Además, utilizar un documento falso también constituye un delito. En el ámbito estatal, el Código Penal de Coahuila prevé sanciones de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 1,000 días multa. Si el delito lo comete un servidor público, la pena aumenta en dos tercios, y se suma la destitución e inhabilitación por 10 a 15 años para ejercer cargos públicos.

José Domingo Hernández Silva, representante de la Secretaría de Educación Federal en la entidad, informó que actualmente existen 12 procedimientos en curso contra siete instituciones educativas señaladas por participar en la expedición de títulos falsos. Los casos se han identificado en distintos niveles educativos, desde preparatorias hasta universidades.

Con rezago de hasta 4 años, títulos de UAdeC

El problema tiene alcance estatal. Los municipios de Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Saltillo concentran los casos reportados. Entre las instituciones recurrentemente señaladas se encuentra la Universidad Autónoma de Durango, con múltiples planteles en la región.

Las autoridades han comenzado a acompañar a los estudiantes afectados mediante asesoría para la regularización de su situación académica. De momento, se han entregado alrededor de 40 títulos rezagados, algunos con demoras de más de cuatro años, como parte del proceso de recuperación documental.

En algunos casos recientes, se destaca el cierre de la Universidad del Valle de México en Torreón, lo que dejó a estudiantes sin documentación oficial. También se han recibido denuncias contra el Tecnológico de Monterrey, campus Milenio en Ciudad Acuña, y la Universidad de Durango en otras localidades.

Las instituciones involucradas presentan rezagos de hasta una década en la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo cual ha impedido que muchos alumnos concluyan formalmente sus estudios pese a haber terminado su formación académica hace años.

Las investigaciones han identificado una red de instituciones, tanto públicas como privadas, que imparten clases sin la validez oficial correspondiente. Algunas incluso operan sin contar con el reconocimiento necesario por parte de las autoridades educativas.

Hernández Silva explicó que el origen de muchas de estas prácticas irregulares se encuentra en administraciones estatales anteriores. “Existía un esquema de corrupción desde la Secretaría Estatal de Educación que permitía estas prácticas. Desde entonces hemos trabajado para erradicar esta práctica y garantizar que ahora todo sea legal”, indicó.

Las modificaciones legales de 2021 transfirieron la supervisión de las carreras del área de la salud a la Federación. Algunas universidades no han realizado la actualización de sus registros, lo cual ha contribuido a la problemática que afecta actualmente a cientos de estudiantes.