Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expropió ayer 15 mil 47 hectáreas de terrenos ejidales en el municipio de Calakmul, Campeche, que incluyen 5 mil 749 hectáreas que serán entregadas a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), sin que el decreto respectivo aclare exactamente para qué las va a utilizar.

Se trata, por mucho, de la expropiación más grande que se ha decretado para el proyecto del Tren Maya, y la Sedena tendrá que pagar 603 millones de pesos como indemnización al Ejido Plan de San Luis, que fue constituido apenas en 2002, y que desde 2022 había negociado con el Gobierno para entregar las tierras.

El decreto, publicado en edición vespertina del Diario Oficial, se limita a mencionar que la Sedena destinará sus 5 mil 749 hectáreas “para la construcción de obras complementarias, relacionadas con las actividades castrenses en general”.

Esta superficie equivale a 57 kilómetros cuadrados, una extensión mayor a la que ocupa una Alcaldía como la Miguel Hidalgo, que abarca 47 kilómetros cuadrados.

Otras 32 hectáreas serán utilizadas para vías del Tren Maya, por lo que también fueron asignadas a la Sedena, mientras que las 9 mil 261 restantes serán para la conservación y mejoramiento de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, y quedarán en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según los mapas incluidos en el decreto, los polígonos de la Sedena serán contiguos al derecho de vía del Tren Maya y cercanos a la carretera federal 186, que va de Chetumal a Escárcega, en un recorrido similar al previsto para el Tramo Siete del Tren.

Previo a este decreto, la expropiación más grande para el Tren Maya había sido de 119 hectáreas de terrenos ejidales en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, publicada el 12 de junio, mientras que la ocupación temporal más extensa fue de 236 hectáreas de lotes privados en cuatro municipios de Quintana Roo.

Con anterioridad, para asegurar la viabilidad del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decretado también la “ocupación temporal inmediata”, sin procedimiento de expropiación previo, de unos 25 inmuebles privados, en Quintana Roo.

El argumento para ordenar la ocupación inmediata es que se desconocen los domicilios de los propietarios y, por tanto, no se les puede emplazar a un procedimiento ordinario de expropiación.

Ciudadanos y empresas afectados por algunas de las expropiaciones masivas han impugnado estas medidas ante el Poder Judicial Federal.

Adrián Zepeda Novelo, juez primero de distrito en Yucatán a cargo de todos los amparos contra este proyecto, admitió entre mayo y diciembre de 2022 al menos 16 demandas que rechazan los decretos de expropiación, declaratorias de utilidad pública, órdenes presidenciales, ocupación inmediata de predios, o simples órdenes verbales para desalojar terrenos.