Saltillo, Coah.- Más de 3 mil mujeres coahuilenses que fueron víctimas de violencia familiar se encuentran en riesgo de volver a ser atacadas por su agresor, ante las constantes violaciones a las órdenes de restricción y a las fallas en los brazaletes  electrónicos. 

Ante ello, el Poder Judicial del Estado resaltó la urgencia de que se implemente una unidad de medidas cautelares especializada para casos de violencia familiar, ya que la que existe actualmente no depende del Poder Judicial, sino del Estado, y hay un retardo en responder a las denuncias. 

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup,  señaló que actualmente la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) no está a cargo del Poder Judicial, por lo tanto esto impide que se le dé seguimiento puntual a las órdenes de restricción impuestas por los jueces a hombres acusados de violencia familiar y de género. 

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La Umeca efectivamente es el responsable del funcionamiento de estos dispositivos electrónicos, que son 80 en todo el estado, que son dispositivos duales; estos dispositivos se colocan más o menos de dos a tres veces al año. Lo que yo he solicitado en mis intervenciones como presidente de Derechos Humanos de la Conatrib, es que exista una Umeca para el caso especializado de la violencia intrafamiliar de los juzgados”, dijo Miguel Mery Ayup, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Desde su creación a la fecha, dentro de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar se han emitido 3 mil 300 órdenes de restricción, y de ellas, al menos 10% corresponde a la imposición de un dispositivo de geolocalización electrónico, mismos que por su uso presentan fallas. 

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Hacen una reforma legal y no nos dan recursos para que entonces tengamos nosotros la Unidad Especializada en Medidas Cautelares en Materia de Violencia Familiar, para que el juez, y a nosotros como Poder Judicial, nos permita seguir supervisando la orden que impuso la autoridad, es decir, en este caso nosotros. La tenemos que pasar a otra instancia, entonces lo que pedimos es que sea responsabilidad nuestra para que le demos seguimiento a una orden impuesta por nosotros”, detalló.

El magistrado sugirió que cuando una mujer se encuentre en una situación de peligro ante su agresor o que detecte que su agresor está violando la orden de restricción, acuda de inmediato al Centro de Justicia Penal para que el juez actúe en consecuencia.